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USA: los secretos del poder

¿Es posible negar, lo que los archivos nos muestran?

Agentes de Inteligencia norteamericanos han hecho desaparecer 55.000
páginas del Archivo Nacional, que custodiaban la memoria de las
operaciones clandestinas llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos
estadounidenses desde los años 50

Cincuenta y cinco mil páginas desaparecieron del Archivo Nacional de
Estados Unidos. Eso es lo que se calcula grosso modo. Pueden ser más.
Porque los agentes de la CIA y otros organismos de Inteligencia siguen
cada día husmeando en la biblioteca principal de la Administración
Nacional de Archivos y Registros (NARA), buscando frases o párrafos que
puedan poner en peligro la «seguridad nacional». Y cuando encuentran lo
que creen estar buscando, sacan la página completa.

Los agentes ya tienen nombre. Se les denomina securocrats, burócratas de
la seguridad. Y han estado trabajando sigilosamente desde octubre de
2001, cuando cundía el terror tras el ataque a la Torres Gemelas y al
Pentágono. Objetivo: revisar documentos desde la guerra de Corea (años
50) hasta los más recientemente desclasificados.Y muy especial atención
han recibido los documentos que el presidente Clinton ordenó hacer
públicos a finales de los años 90, ya que se trata de cientos de miles
de páginas que engrosaron los archivos de Estados Unidos en el curso de
un programa especial de desclasificación que duró cinco años.

La orden del presidente Clinton fue «abrir» al público todos los
documentos «secretos» con más de 25 años de antigüedad. Hubo, claro,
excepciones: todos los que revelaban fuentes y métodos de Inteligencia,
los que podrían ser de ayuda para terroristas, entre otros.

Y si Clinton desclasificó, el presidente Bush ordenó una «operación de
reclasificación».

Todo ocurrió en secreto hasta que la noticia estalló y provocó protestas
de congresistas e historiadores en las últimas semanas.El nuevo
encargado del National Archive, Allen Weinstein, estaba muy enojado y
prometió hacer todo lo posible para detener esta operación clandestina
que va contra el derecho a saber. Porque todos tenemos derecho a saber
qué pasó en nuestras historias nacionales. Y a saber qué rol jugó
Estados Unidos en todo ello.

Me sumergí en los archivos desclasificados a comienzos de este siglo
para saber qué pasó con Chile. Y el resultado fue espeluznante.Ahí
estaba, con minucioso detalle, toda la Operación Fubelt para impedir que
el electo Salvador Allende se convirtiera en presidente y entrara al
Palacio de La Moneda en 1970. A la cabeza de la operación, el presidente
Richard Nixon, su asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger y el
director de la CIA Richard Helms.De más está decir que se destinaron los
mejores agentes de la CIA para el objetivo.

El llamado Track Two de esta operación buscó provocar un golpe militar
para impedir que Allende fuera presidente. Fueron sobornados generales y
almirantes, pero surgió un escollo gravísimo. El jefe del Ejército,
general René Schneider, dijo una y otra vez que respetaría la
Constitución. Si Allende era ratificado por el Congreso, aseguró, será
presidente.

Solución para la Casa Blanca: asesinar al jefe del Ejército
chileno.Cable del embajador Edward Korry a la Casa Blanca (21 de
septiembre de 1970): «El general Schneider tendría que ser neutralizado,
eliminándolo si fuese necesario». Cable 628 (8 de octubre) del cuartel
central de la CIA a su estación en Santiago de Chile: «¿Hay algo que
nosotros podamos hacer para eliminar a Schneider? Entendemos que es una
pregunta retórica, pero queremos inspirar la reflexión sobre esta
materia tanto allí como aquí».

En la valija diplomática, la CIA envió tres subametralladoras, abundante
munición y granadas lacrimógenas para el ataque. Mensaje del cuartel
central de la CIA (fechado el 18 de octubre de 1970): «Inmediato
Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviados por
correo regular, salen de Washington a las 07.00 horas del 19
de octubre». El agregado militar de la embajada, coronel Paul Wimert,
repartió decenas de miles de dólares a los asesinos y entregó las armas.
Y años más tarde lo confesó ante una comisión del Senado: «Fue el jefe
local de la CIA, Henry Hecksher, quien me entregó 250.000 dólares para
gastar en militares chilenos, con los que podíamos contar para ayudar a
liberarnos del general Schneider. Eso era lo clave, liberarnos de
Schneider».

Y así fue cómo el jefe del Ejército de Chile, respetuoso de la
democracia y la ley, fue atacado el 22 de octubre de 1970 y murió tras
una agonía de cuatro días. El coronel Paul Wimert -agregado militar- fue
con el jefe local de la CIA a lanzar las armas en el fondo marino de la
rada de Valparaíso. Y confesó luego al Congreso de Estados Unidos que el
crimen «fue un asunto sucio, inmundo. Me avergoncé de mí mismo y hasta
odiaba mirarme al espejo para afeitarme».

El tiro le salió por la culata al presidente Nixon y al asesor Henry
Kissinger. Ese crimen convenció a muchos opositores de que debían
respetar la tradición democrática chilena y así Salvador Allende fue
ratificado como presidente de Chile.

Es posible que todos los documentos que involucran a la Casa Blanca en
este asesinato estén relacionados con la «operación de reclasificación»
ordenada por Bush. ¿Razón? La familia del general Schneider presentó, en
Washington, una demanda contra Henry Kissinger en septiembre de 2001.
Esa demanda fue tramitada lentamente por los tribunales. Y hace muy
pocos días, la Corte Suprema la rechazó definitivamente.

¿Qué dijo el máximo tribunal de Estados Unidos? Acogió los argumentos
del Gobierno de Bush (Departamento de Justicia) en defensa del ex
funcionario Henry Kissinger. Dijo que si se abre un caso judicial,
habría que juzgar si -en el contexto de la Guerra Fría- «fue apropiado
para un funcionario de alto nivel ( ) apoyar acciones encubiertas contra
un comprometido marxista que iba a tomar el poder en un país
de América Latina».

Cuando se reflexiona acerca de estos hechos, resulta inevitable agregar
el factor TPI. Me refiero el Tribunal Penal Internacional que ya
funciona desde julio de 2002, con sede en La Haya, pese a la denodada
oposición de tres poderosos del planeta (EEUU, China y Rusia). El TPI
juzgará el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Ninguno cometido antes de julio de 2002. No puede ser llevado ante sus
18 jueces el ex funcionario Henry Kissinger. El asesinato del general
Schneider quedará impune.Pero, ¿qué crímenes han ocurrido y seguirán
ocurriendo sin que agentes estadounidenses puedan siquiera ser acusados?

Por ahora, la amenaza es abierta. El país que ratifica el TPI, pierde la
«ayuda militar» de EEUU. Con una excepción: nada le ocurre al país en
cuestión si, en paralelo, firma un tratado bilateral con la Casa Blanca
que tiene efecto unilateral. ¿Cuál? Se compromete a jamás llevar a un
ciudadano estadounidense ante el TPI, cualquiera sea el crimen del que
se le acuse.

Todos los países latinoamericanos han suscrito el TPI. Chile es la
excepción, aún no se atreve. Y el crimen de su jefe del Ejército, un
general democrático, se sumerge en los laberintos de impunidad de la
Casa Blanca.

FUENTE:

Patricia Verdugo es periodista chilena y autora de La Casa Blanca contra
Salvador Allende (Ediciones Tabla Rasa).


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Francisco Chabot - www.actuwa.org
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