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Venezuela respondió y pidió a EE.UU. abandonar el Cons...


Caracas.- El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, consideró que Estados Unidos debería abandonar el Consejo de los Derechos Humanos.
"Si existiera un poco de vergüenza, el gobierno estadounidense es el que debería no solo renunciar a su puesto en este Consejo sino también pedir perdón al mundo por las atrocidades que ha cometido a lo largo de la historia", manifestó Valero.
Por su parte, el diplomático calificó como "insólita" la solicitud de la delegación de Estados Unidos, porque desde Caracas se asegura que es ese país donde se promueve la guerra, además de ser el principal patrocinador del terrorismo en todo el mundo.
"Insólito es que el imperio estadounidense, que ha masacrado pueblos enteros con sus guerras preventivas y practica la tortura contra personas arbitrariamente detenidos en centros ilegales, se pronuncie contra nación alguna", agregó.
Las declaraciones de Valero respondieron a las realizadas más temprano por la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien acusó al gobierno de Nicolás Maduro de atentar contra los derechos humanos y la democracia.
Asimismo, acusó directamente al gobierno norteamericano de impulsar las protestas en su país y afirmó que "ha quedado en evidencia, de manera clara e innegable, quien está detrás de la desestabilización y la violencia criminal en Venezuela".
Por tales razones, la embajadora Haley pidió a la nación sudamericana abandonar la organización en Ginebra: "debería renunciar voluntariamente a su lugar en el Consejo de Derechos Humanos hasta que ponga orden en su casa".
Desde el pasado mes de abril comenzaron en Venezuela una ola de protestas sociales, en las cuales han sido asesinadas más de 65 personas según cifras oficiales del Ministerio Público, organismo que acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de arremeter de forma desmedida contra los manifestantes.
Las exigencias de los ciudadanos son: elecciones generales y un canal humanitario que permita la entrada de alimentos y medicamentos para combatir la creciente escasez ante la crisis económica. En respuesta, el gobierno convocó un proceso Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna, argumentando que la crisis política se solucionará mediante el entendimiento y el diálogo entre los principales grupos políticos.
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