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Claves para entender la entrega a los buitres





¿Qué deroga la ley aprobada?


Con esta nueva normativa se deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. La primera de ellas es la que impide ofrecer a los buitres una propuesta más beneficiosa que la que recibieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, que representan el 93 % de la deuda en bonos que entró en default en 2001, desestimando el reclamo de los buitres que se encuentran entre los tenedores del 7 % que rechazó ambos canjes (los llamados “holdout”) de exigir el pago del 100 % de la deuda más los intereses generados, sin la quita negociada en las dos oportunidades. La ley Cerrojo fue utilizada como argumento por los litigantes en Nueva York para fundamentar su reclamo de que el gobierno pagara el 100 % del valor de sus bonos en default. Esta exigencia de los buitres fue aceptada por Thomas Griesa en febrero de 2012, y reafirmada en junio de 2014 por la Corte Suprema de los EE.UU. La negativa del gobierno argentino a cumplir el fallo argumentando que podría dar lugar a nuevos litigios condujo desde septiembre de 2014 al “Griefault”, término con el que se refiere al default parcial de la parte de los bonos pertenecientes a los canjes de 2005 y 2010 que fue emitida bajo legislación norteamericana. Estos bonos no pueden pagarse por la orden dictada por Griesa de bloquear dichos pagos hasta tanto la Argentina negociara con los buitres.

La segunda ley derogada por la normativa aprobada ayer, la de Pago Soberano, fue aprobada en septiembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández en un intento de escapar a las trabas de Griesa, impulsando que los acreedores con bonos afectados por la decisión del juez de Nueva York los canjearan por otros regidos por la jurisdicción argentina, o la de Francia. Al mismo tiempo, reemplazaba al agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos. Se trató de una normativa que no logró lo que se proponía, que es que los acreedores que canjearan sus títulos por otros para continuar el pago de la deuda afectada. Pero sí fue utilizada por los buitres para denunciar ante Griesa la “mala fe” del gobierno argentino, mientras Cristina Fernández bajo la retórica “patria o buitres” buscaba disfrazar como “soberana” su política de pagar hasta que no quedaran dólares en el BCRA.
Lo que viene

La ley aprobada autoriza al gobierno de Mauricio Macri a emitir hasta 20 mil millones de dólares para cumplir con el pago a los buitres. Según indican los acuerdos con los distintos tenedores de bonos, la emisión alcanzaría los 12.500 millones de dólares. Se llega a esta cifra porque a los beneficiarios originales de la sentencia de Griesa, confirmada en 2014, se sumaron otros acreedores con títulos en default a los que el juez Griesa reconoció los mismos derechos que habían obtenido judicialmente los demandantes originales. Lo que ahora el gobierno se prepara para cancelar corresponde a una deuda original de 4.682 millones de dólares. Es decir que está pagando 2,7 veces la deuda original, por intereses y punitorios. Según las cuentas del equipo económico, creció por acumulación de intereses y punitorios hasta 22.388 millones de dólares, y el gobierno alcanzó un acuerdo para saldar esa deuda con una “quita” que llegaría a 46,2 %, un dibujo que se realiza sobre el monto agigantado por intereses astronómicos.

Pero además, como denunciaron varios legisladores, lo que reciben algunos de los litigantes se engrosa por el compromiso del gobierno de pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a los fondos buitre por honorarios legales que abonaron, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.


¿Qué pasa el 13A?

Después de firmado el preacuerdo con los buitres el pasado 29 de febrero, Griesa ordenó el levantamiento del embargo contra la Argentina. Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso la decisión del juez, y fijó para el 13 de abril una nueva audiencia. Tan sólo un día antes de la fecha prevista de pago a los buitres. En los hechos, la decisión de la Corte de Apelaciones obliga a postergar el vencimiento del 14 de abril. Pero el acuerdo estipula que si antes del 14 no se concreta el pago, se cae el acuerdo. Varios fondos buitre presentaron dos escritos ante la Justicia de Estados Unidos en los que demandan suspender la decisión del juez Thomas Griesa de levantar embargos a la Argentina, ya que consideran que el país no podrá cumplir el 14 de abril. Los acreedores NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, principales holdouts en conflicto con este país, sostuvieron que quieren cobrar los 4.653 millones de dólares acordados en la fecha pautada.

El Gobierno apuesta a pactar una postergación de la fecha, mientras se prepara para salir al mercado a inicios de abril. Es probable que en los próximos días se reabran las negociaciones, y que los buitres presionen contrarreloj para acordar más concesiones a cambio de acordar una nueva fecha de pago.

¿Se cierra el capítulo buitres o vienen más litigios?

Lo que este acuerdo le da a los buitres es más que lo que aceptó el 93 % de los acreedores que entraron a los canjes. Y no porque estos no hayan hecho un negocio formidable, todo lo contrario. En 2005 en los hechos la quita nominal fue de alrededor del 54 %, pero el ajuste por inflación y sobre todo los cupones atados al crecimiento del PIB generaron un crecimiento acelerado en los valores a cobrar por los acreedores. En 2010 se repitió la operatoria, con el agravante de que se reconoció a quienes ingresaron a este canje todo el valor retroactivo de los cupones del crecimiento, es decir pura ganancia sin que los usureros tengan siquiera que tomarse la molesta de simular que corren algún “riesgo”. Los cupones del crecimiento le sumaron a la deuda pagos por nada menos que 12 mil millones de dólares, equivalente nada menos que a un tercio del valor de los bonos entregados en 2005. Como si esto fuera poco, la mayoría de los que canjearon habían comprado los títulos a precios de remate por estar en default, y con el canje tuvieron ganancias de 300 % o más sobre lo que habían pagado.

Ahora, estos buitres obtienen mucho más. Buitres que se van a embolsar con el acuerdo pactado, rendimientos que van desde 846 % para Aurelius, hasta 3.183 % para Bracebridge, y en el medio de 1.308 % para NML de Paul Singer, todo partiendo de la estimación del mercado de que estos fondos nunca pagaron más del 30% del valor nominal de cada bono. Para darse una idea de la magnitud de la ganancia: suponiendo que hayan comprado sus títulos en 2001, es decir que hayan tenido que esperar 15 años para cobrar (lo que no es así casi en ningún caso) y que pagaron el 30 % del nominal, el rendimiento anual que estarían recibiendo por su “inversión” es de 19,28 % para NML; 16,16 % para Aurelius, y 26,21 % para Bracebridge.

Esto puede hacer que varios acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010, aduzcan que se ven “perjudicados” por el acuerdo. Ocurre que dichos bonos incluyeron la famosa cláusula RUFO (Right Upon Future Offer) que significa que los que entraron en los canjes tienen derecho a una oferta mejor si el gobierno mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en los Canjes I y II. Aunque según las condiciones de emisión de la deuda argentina la clausula RUFO tenía fecha de expiración el 31 de diciembre de 2014, es materia de debate entre juristas si esta no puede ser invocada en nuevos litigios.

El gobierno de Macri haya pretendido minimizar esta posibilidad. El diputado del PRO Luciano Laspina sostuvo cuando se trató en dicha cámara el proyecto que “no hay nadie que seriamente ni en privado, ni público considera que hay chance de revivir la cláusula RUFO”. Pero de hecho son varias las opiniones de quienes sí consideran que puede ocurrir. No puede descartarse que buitres como el propio Paul Singer, la cara más visible de los litigantes, tengan en su poder bonos canjeados y estén preparados para presentar un reclamo invocando la RUFO apenas se materialice el acuerdo. Jueces “buitre” listos para darle la razón en las cortes neoyorquinas, no le faltan.


¿Cómo salir de la encerrona de la deuda?


Pagarle a los buitres es endeudarse por miles de millones, para ponerlos inmediatamente en el bolsillo de ricachones como Paul Singer, que lucran generando demandas millonarias por papeles que compraron por dos pesos. Pero este endeudamiento para pagar deuda “vieja” es sólo el punto de partida; Macri se dispone a emitir deuda por montos que superarán varias veces el pago a los buitres. El ministro Prat Gay sostuvo en varias oportunidades que la deuda es “buena” porque permitirá mitigar el ajuste en marcha, verso insostenible ya que ajustan ahora para que les presten y volverán a ajustar después para pagar la deuda que toman.

Lejos de “normalizar” la deuda buitre para entrar en una nueva espiral de endeudamiento, es urgente para el pueblo trabajador pelear para que no sigan pagando una deuda cuyos costos caen sobre nuestras espaldas. Por eso es necesario decir no al pago de la deuda, nacionalización de la banca para conformar una entidad única bajo gestión de los trabajadores, y monopolio estatal del comercio exterior que hoy es una vía para la defraudación y el manejo discrecional de los dólares por los pulpos imperialistas y sus socios locales que manejan la entrada y salida de divisas.
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