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Convicciones kirchneristas

Educar no es invertir. Poner en pantalla el fútbol rehusando toda posibilidad de ingreso es invertir. Popularizar la televisión digital es invertir. Subsidiar la mala administración de una linea aérea tendente a la quiebra es invertir. Repartir computadoras con acceso directo a los portales oficiales, montar actos para rebautizar avenidas, centros culturales y colegios con el nombre de Néstor Kirchner, gastar tinta y saliva en convertir en asunto de Estado a los jacarandaes de la 9 de Julio, todo eso, es invertir. Pero educar no es invertir.

Sería un gran error culpar únicamente al Gobierno Nacional por la cuestión docente en relación a la puja por las paritarias entre los distintos gremios y las administraciones provinciales; estrictamente, Nación ni siquiera es legalmente responsable de lo que cobran lo distintos profesores y maestros, pero políticamente mejor ni hablar. Sólo en Fútbol Para Todos se gastó el año pasado 1.287 millones de pesos del total del que disponía la Nación, en Aerolíneas Argentinas otros 3.845,2 y en Ar-Sat, la empresa encargada de proveer la Televisión Digital Argentina, 1.999 más. Sumados dan un total de 7131,2 millones de pesos, $594.270.000 mensuales. Si todo ese monto se dividiese entre los 960.000 docentes que enseñan a lo largo de la República quedaría como resultado un total de $7.428,34 anuales para cada docente, $619 mensuales.

Ahora bien: $619 quizá suene a poco, pero cuando se habla de salario docente siempre se habla de poco. Para ilustrar lo anterior basta con seguir haciendo cuentas: $619 es el 22% de $2.813,76; 22%, por otro lado, es el aumento con el que el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, consideró que los sindicatos se debían conformar; $2.813,76 es - pesos más, pesos menos - el monto del salario básico docente actual, un monto que queda $512 por debajo de la linea de pobreza.

Los números confunden, mas cuando lo que se discute es si un docente que recién comienza debe ganar más o menos de $5000, o si debe aspirar a ganar como máximo, ya a punto de jubilarse menos de $10000, los números son bastante claros. No es cuestión de indicar qué debe hacerse y qué no, sino de dilucidar cuál es la política que sustenta tan mezquinas decisiones. Para este gobierno, que consiguió destinar un 6% del PBI al área educativa, la educación puede prescindir de los educadores. En el mejor de los casos lo que el gobierno tal vez considera es que sus educadores son lo suficientemente flojos e incapaces como para merecer cobrar un sueldo acorde a la importancia de sus funciones (porque sin dudas un gobierno que destina el 6% a que los argentinos sean educados no interpreta a esta actividad como poco importante). Otra posibilidad es que no en vano esta política se haga llamar siempre nacional y popular pero nunca progresista, y sostenga que educar es agrandar los edificios y repartir computadoras pero no enseñar, que educar es contener y no formar.

En Argentina hace falta transportistas pero no educadores. Un chofer de colectivo en Mendoza comienza con un sueldo superior a los $6.500; un profesor de nivel secundario cobra al iniciar menos de $5000. Es una cuestión de incentivos y de proyectos de país. El salario promedio en las empresas públicas se encuentra más cercano a los $15.000 a los $10.000; un profesor de nivel secundario cobra al finalizar todavía menos que el último monto. El pueblo no necesita ser educado y por eso es que tampoco hacen falta educadores. Los educandos sobran, eso sí. A ellos gracias es que se vende el discurso de los millones de netbooks, las 1.700 escuelas, la inclusión, el seis por ciento, Paka-Paka y el País con Buena Gente. Sin ellos no existiría el cuento de la maestra que andaba kilómetros para poder dictar clases y hoy camina por un puente, o el juego del Eternauta que vino a salvar a América con su conciencia social y su heroísmo de grupo. No habría ninguna visita a los museos de Evita y a la increíble Tecnópolis.

No es cuestión de afirmar, insisto, qué debe hacerse y qué no. Pero si de política se trata, es indudable que el compromiso de este gobierno con la educación es más por obligación que por convicción. Mejorar los salarios tal como los gremios lo solicitan - y como el sentido de justicia lo indica - no es un imposible sino una mera cuestión de voluntad. Quizá el costo político de desoír y subestimar a los docentes no sea lo suficientemente alto como para acotar el margen de gastos disponibles para el pan y el circo nuestro de cada día. Lo que queda claro es que si a la educación se le relega alguno de los últimos puestos de la lista de asuntos urgentes, no es por una cuestión de fuerza inevitable sino por mera consecuencia de su auténtica ideología.
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