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Las criptomonedas en rigor no son moneda, al no tener curso legal. No son emitidas por ningún Banco Central, pero en los hechos son una gran preocupación para las autoridades monetarias. Se cuentan más de 20 monedas virtuales. La más difundida es el Bitcoin, creada en 2008 a partir de un trabajo de investigación publicado por Satoshi Nakamoto (aunque su verdadera identidad no se conoce). Con bitcoins se puede pagar desde una cerveza en Londres; ropa, en sitios online; hasta comprar un condominio en la Trump Tower de Nueva York.



El Bitcoin creció de u$s 10, en diciembre de 2012, a u$s 260, a principios de 2013. Sin embargo, son pocos los países que permiten transferir dinero de los sitios de intercambio a cuentas bancarias (Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Reino Unido y algunos países asiáticos) y muchos están procurando su regulación.

Hace un año, la oficina de crímenes financieros en red, Financial Crimes Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro Americano, elaboró un informe de orientación ‘The FinCEN Guidance Report’, donde establece los requisitos legales para los diversos tipos de empresas de bitcoin. Las empresas y los individuos que usan bitcoin como moneda para comerciar bienes y servicios se encuentran en una situación clara. No así los que comercian con otras monedas a partir de bitcoins, como los sitios de intercambio, y que se definen legalmente como intermediadores de dinero. Éstos necesitan la licencia federal (Money Services Business) y una licencia para transferencias (Money Transfer Licence) en cada Estado en el que operan o tienen clientes, según el documento.



Mientras, China o Rusia han buscado limitar el uso del bitcoin, en circulación desde 2009, sin crear un marco que regule su intercambio, Japón se convertiría en la primera economía que regularía la práctica. La razón es la reciente quiebra de Mt.Gox, la casa de cambio de bitcoin domiciliada en Tokio. La empresa japonesa gestionaba el 80% de la moneda virtual, hasta que anunció un desfase en sus cuentas de casi 3.000 millones de yenes (unos 21,3 millones de euros), y la desaparición de 850.000 bitcoins que había detectado a principios de febrero, de los cuales 750.000 pertenecían a sus clientes, y que significó una pérdida de 11.400 millones de yenes (unos 81,2 millones de euros) por un supuesto ciberataque. El suceso provocó la promesa de llevar una acción coordinada para tranquilizar al público sobre la seguridad de los fondos. Para ello, el país asiático definió al bitcoin como una mercancía similar al oro y no como una divisa.

A este episodio se suma el cierre del llamado Banco de Bitcoins Flexcoin, en marzo de este año, como consecuencia de un hacker. En este suceso, fueron robados un total de 896 bitcoins (442.477,88 euros). Otro fue el caso de Poloniex, que reconoció que el 12,3% de sus depósitos en bitcoin fueron robados.



Mientras, en la Argentina, el Banco Central muestra un creciente interés en las llamadas ‘monedas virtuales’ y alerta al público, desde su web, respecto de los riesgos que involucra su uso. Señala que, en el ámbito internacional, no hay consenso, pero que diversas autoridades advirtieron acerca de su eventual uso en operaciones de lavado de dinero y diversos tipos de fraude. Por otro lado, alerta que los riesgos por el uso de monedas virtuales como medio de pago son soportados exclusivamente por sus usuarios. La autoridad monetaria analiza que las operaciones no se constituyan en un riesgo en los aspectos de su competencia establecida en su Carta Orgánica.

Cabe recordar que, según revelan nuevas investigaciones, los bitcoins se convirtieron en un medio de pago predilecto para realizar transacciones delictuosas y fraudulentas. Tanto la descentralización como el anonimato que caracterizan a esta ‘moneda’ devienen en ventajas para los profesionales de delitos financieros. Un ejemplo es la página Silk Road, un sitio anónimo que habilitaba, entre otros, el tráfico ilegal por Internet, y que movía estimados u$s 22 millones al año y habilitaba el uso de esta moneda virtual, generando ingresos que rondaron más de u$s 1,7 millón anuales, libres de impuestos.