LA LEY ANTITERRORISTA ES EL CAMINO A VENEZUELA
EL DÍA QUE EL KIRCHNERISMO SE VOLVIÓ LOCO
Hay que hacerse cargo. Si las cosas no se hacen bien la culpa no siempre es del otro. A veces es culpa de uno, aunque sea en ínfima parte.
El kirchnerismo se caracteriza por no hacer autocrítica, y eso tira abajo algunas de las pocas medidas positivas que lleva adelante.
Esta semana, por caso, cometió dos desaciertos. Uno, a través del intento de impulsar la ley antiterrorista para intervenir en un conflicto con la empresa Donnelley. El otro, con los cambios que empuja en torno a la Ley de Abastecimiento.
En el primero de los casos, ni siquiera voy a detenerme. Algunos pocos funcionarios del propio gobierno han señalado los desaciertos de aplicar la norma antiterrorista.
En el segundo tópico sí voy a enfocarme, más que nada porque lo que propone el gobierno es un aumento considerable del poder de intervención del Estado en las empresas privadas.
No se trata solo del tema abastecimiento: el Ejecutivo giró al Senado la semana pasada un paquete de iniciativas para modificar la ley de Defensa de la Competencia y una nueva norma para la Regulación de las relaciones de producción y consumo.
Uno no defiende a los comerciantes, algunos de los cuales son terribles avivados, a los que no les interesa en lo más mínimo el interés común.
Es probable que algunos de esos vivillos, que son los menos, insisto, tengan alguna responsabilidad por lo que pasa, pero el gobierno tiene potestad aún mayor. ¿Nadie se hará cargo acaso de la inflación, del cepo al dólar, del freno a las importaciones, el supuesto default etc? ¿Qué tienen que ver los comerciantes con todo eso?
Pregunto con preocupación: ¿Realmente cree el gobierno que imponiendo una norma como la que impulsa va a resolver algún problema? Veamos algunos de los puntos que pretende lograr el Ejecutivo:
-La Secretaría de Comercio, que oficia de autoridad de aplicación, tendrá más atribuciones legales para controlar precios. Los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño quedan autorizados a fijar precios máximos.
-Para casos de reincidencia se establece la "clausura definitiva" para subas de precios no justificadas, o que comerciantes acaparen materias primas o productos, discontinúen abastecimiento regular en zona o ramo comercial o no produzcan bienes dentro de márgenes de precios y utilidad fijados por la autoridad de aplicación.
-Las empresas primero deben pagar la multa y luego apelar ante la Justicia, en caso de querer hacerlo. Esto directamente es inconstitucional.
-En caso "de ser necesario", el Estado podrá intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precio (máximos, mínimo y referencia) y volúmenes de producción. Queda habilitado para manejar indirectamente compras y ventas de compañías.
-El Estado puede suspender concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados.
-Las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación.
Hay otros puntos, estos son solo algunos de ellos. Insisto: ¿Con esto pretende el gobierno resolver los quilombos de la economía de hoy? ¿Cree alguien sinceramente que el descalabro actual se soluciona de facto?
Lo que ocurrirá es sencillo. Solo hay que mirar al norte. Bien al norte, a un país llamado Venezuela.
