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Los decretazos de Macri - Notas complementarias

Tiene dos partes anteriores
Parte I 
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Parte II 
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(Por Javier Llorens)

Notas complementarias:
La embestida de Macri contra la Procuración General
El ataque coordinado por parte del presidente Macri a la Corte Suprema y a Ley de Medios, tuvo evidentemente un tercer frente con la embestida al Ministerio Público Fiscal, y la pretensión expuesta públicamente por el ministro Garavano, de obtener la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Que tiene estabilidad absoluta en su cargo, salvo que se la deponga con un juicio político, que el macrismo carente de mayorías en el Congreso está imposibilitado de llevar adelante.
A Gils Carbó el grupo CLARIN la tiene hace mucho tiempo entre ojos, por haberse opuesto en solitario en el 2007 como Fiscal de Cámaras, a la fusión de Multicanal y Cablevisión. Conducida entonces por  el abogado de CLARIN experto en fusiones Rosenkrantz, designado ahora como ministro de la Corte Suprema en comisión por Macri. En momentos en que el kirchnerismo había llegado al connubio perfecto con el grupo CLARIN, al lograr en ese año la elección de Fernández de Kirchner como presidenta.
Por ello a la andanada de decretos sobre la Corte, y la Ley de Medios, Macri la sazonó en el día de Navidad, con sendos DNU dirigidos contra Gils Carbó. Quién debe dictaminar en todo proceso que llega a la Corte, como lo hará seguramente en el embrollo sobre la Ley de Medios, la Corte, y otros.
Con uno de ellos (256/15) Macri se despachó transfiriendo a la Corte Suprema las escuchas telefónicas que por ley habían pasado de la SI (Servicio de Inteligencia) a la Procuración General. A la par que el diario CLARIN, como si tratara de legitimar esa medida, se despachaba con notas de torvo contenido, dando cuenta de supuestamente sospechosos retiros de elementos, del edificio donde se efectúan las escuchas. Pese a la aclaración oficial que se trataba de elementos de la SI (hoy AFI, Agencia Federal de Inteligencia) que se habían empleado transitoriamente durante el traspaso de las escuchas desde la SI a la Procuración.
En ese DNU Macri argumentó para su dictado, que las fiscalías “resultan ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado. Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.”
Claramente se refiere así a una cuestión de prudencia y conveniencia, y no de necesidad y urgencia, que supuestamente lo habilitaría para dictar ese DNU. Pero además, coincidiendo con el sobreseimiento con que fue agraciado en la causa penal en la que estuvo imputado por escuchas ilegales tras asumir el mando, se despachó diciendo como si fuera un afectado por la cuestión:
Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.”
Al respecto cabe apuntar que Macri fue procesado penalmente en dicha causa, junto a su ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y otros funcionarios que han sido citados a juicio penal oral y público, porque estos habían efectuado escuchas ilegales por encargo, vigilando a su hermana Sandra, y al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, por la desconfianza que este último inspiraba a “la famiglia”.
Cargo del que el presidente Macri logró zafar a duras penas, mediante un dudoso informe proveniente de EEUU, y la autoimputación de su padre Franco, que supuestamente demostraban que Mauricio no había tenido nada que ver con el encargo de esas escuchas ilegales. Pero de todos modos la mera existencia de esa trama de intercepciones ilegales, en la que estuvo atrapado como parte interesada y su familia involucrada, hace que Macri sea el menos indicado para legislar al respecto.
Por su parte la Corte Suprema, de forma parecida a los que hizo con el decretazo de Macri nombrando en comisión a dos ministros de esta, dictó una acordada a fines de diciembre, diciendo que posponía para el 15 de febrero la implementación de ese DNU. Aduciendo que “no es posible llevar delante de inmediato esa misión, dada su importancia y especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos y materiales así como una prolija tarea reglamentaria y una ordenada transición”. Agregando “lo anteriormente expresado lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales.”
Con otro DNU de la misma fecha (257/15) bajo el título Código Procesal Penal de la Nación, Macri se dio el gusto de hacer extensas modificaciones a media docena de leyes, lo que hace recordar al título de una vieja película, “Mas barato por docena”. Siendo ellas la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación, y las leyes de Presupuesto.
Lo hizo no obstante que la Constitución le prohíbe expresamente dictar DNU relacionados con la materia penal, como elocuentemente dice el título de este. Aduciendo no obstante infantilmente, que el mismo “no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público”. Lo cual arrancó de inmediato acerbas críticas por parte de expertos, simpatizantes de Macri, y la advertencia de la Procuradora Gils Carbó que el primer día hábil judicial de febrero interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.
En concreto lo que hace inusitadamente ese decreto, es posponer a voluntad del Poder Ejecutivo la entrada en vigencia del sistema acusatorio sancionado por el kirchnerismo. Que delega enteramente en manos de los fiscales el monopolio de la acción penal, y la investigación al respecto, quitándosela a los jueces de instrucción. El cual recién entrará en vigencia, “previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Consejo de la Magistratura”. Suprimiendo de paso todas las fiscalías creadas por la ley que sancionó el Congreso.
El “éxito” de este sistema judicial acusatorio a favor de la política, tiene su notable ejemplo en la Provincia de Córdoba, que es la mentora del mismo. Ya que desde su implementación en 1998, tras los escándalos del vaciamiento del Banco de Córdoba y Banco Social, el enriquecimiento ilícito del ex gobernador Eduardo Angeloz, la concesión de las usinas de EPEC, y el asesinato del senador Maders, ningún funcionario de origen político de mayor o menor rango, volvió a pisar los tribunales cordobeses.
Lo cual se acentúo notablemente con la asunción del delasotismo al poder provincial en 1999. Que se mantiene en el mismo hasta la fecha, gracias a ese control sobre el ministerio público fiscal, y a la alianza estratégica establecida con el grupo CLARIN, que detenta en Córdoba los principales medios gráficos y audiovisuales (La Voz del Interior, Canal 13, y Radio Mitre Córdoba). Motivada por el control del voto del ministro de la Corte Suprema, el ultra delasotista Juan Carlos Maqueda, y sellada definitivamente en el 2009, con la incorporación de Candelaria de la Sota, la hija del varias veces gobernador José Manuel De la Sota, al staff de CLARIN.  
Por lo que claramente el sistema acusatorio, contando además con la firme coraza de la prensa, es en realidad un sistema desacusatorio y de absoluta impunidad para el poder político. Que declama respetar la independencia de los jueces y la Justicia, cuando en realidad la espada de esta ha pasado exclusivamente a mano de los fiscales, que son los que la blanden realmente en el sistema acusatorio.
Como dice el Martín Fierro, “el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien, los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo, le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién.” Por ello el macrismo evidentemente decidió posponer la aplicación del sistema acusatorio, hasta tanto pueda atrapar la espada por el mango, desplazando a Gils Carbó de su puesto.
La embestida de Macri contra las provincias
Sorpresivamente la Corte Suprema se despachó a fines del año pasado, ordenando la devolución de las retenciones del 15 % de la coparticipación a favor de la ANSES, retenidas a las provincias de Santa Fe y San Luis. Que habían efectuado demandas ante ella por esas retenciones, tras vencerse en el 2006 los pactos fiscales existentes al respecto, a las que luego tardíamente en el año 2011 se agregó Córdoba.
Al ordenar devolver esos fondos desde la interposición de las demandas, la Corte dinamizada probablemente por el cordobés Maqueda, zanjó implícitamente en forma salomónica, la demanda que había interpuesto la Provincia de Córdoba, por el incumplimiento por parte del ANSES de solventar el déficit previsional cordobés. Y la demanda interpuesta contra esa misma provincia, por la inconstitucionalidad de la Tasa Vial creada sobre los combustibles líquidos.
La peligrosidad de ese sorpresivo fallo de la Corte para las arcas fiscales nacionales, fue ampliada sustancialmente por el Poder Ejecutivo, al extender el gobierno saliente de Fernández de Kirchner mediante un DNU, iguales beneficios a las restantes provincias. Representando esto un monto estimado para el 2016 de 120 mil millones de pesos, equivalente al 8,5 % del total de los ingresos de la administración nacional.
Cuya aplicación no obstante fue suspendida provisoriamente por la jueza en lo Contencioso Liliana Heiland, ante una demanda interpuesta por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República. Alegando que el DNU carecía de explicación respecto las “excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado”.
Y por su parte en simultáneo, la Corte Suprema rechazó un planteo de la provincia de Formosa para gozar también de esa devolución, diciendo que ella solo se pronuncia ante demandas específicas, y que no puede hacer extensivas “irreflexivamente” las sentencias recaídas en causas parecidas. Requiriendo además que conforme lo estipulado con la reforma constitucional de 1994, se arribe a un nuevo acuerdo de coparticipación entre las provincias y la Nación.
Posteriormente Macri se despachó con otro DNU (73/16) con el que derogó el de Fernández de Kirchner al respecto. Aduciendo que la Constitución prohíbe dictar DNU referidos a la materia tributaria, al ser el Parlamento el único que tiene esa facultad al respecto, y por eso era necesario derogarlo con otro DNU. Pero el DNU de Fernández de Kirchner no estaba referido estrictamente a la cuestión tributaria, sino a la coparticipación, a la que bien puede renunciar el poder Ejecutivo con un decreto simple.
Igual que hizo pocos días después Macri al cederle a la CABA con un decreto simple (194/16) un mayor porcentaje de su coparticipación. Habiendo dictado Fernández de Kirchner el suyo como DNU, por reformar las partidas presupuestarias, al disponer que la deducción del 15 % que iba a la ANSES, se atienda con rentas generales. Razón por la cual el DNU de Macri sería otro acto de prepotencia inusitada, al pretender revocar derechos adquiridos por las provincias, concedidos legalmente por quien la antecedió en el cargo.
Se trata en consecuencia de otro grave embrollo, con el que Macri parece querer obtener un quid pro quo, o sea algo para negociar a cambio de algo con las provincias. Que son las que pueden conformar la decisión en la Cámara de Senadores, en los acuerdos que esta debe prestar, comenzando por los relacionados con los nuevos integrantes de la Corte Suprema.
Siguiendo con los DNU de Macri, que absurdamente según la reforma introducida por el kirchnerismo, pueden ser convalidados por solo una de las cámaras, y deben ser revocados por ambas cámaras. Y continuando con otras leyes claves, como la derogación de la ley cerrojo, indispensable para poder llegar a un acuerdo con los fondos buitres. 
Este chantaje lo describe elegantemente el gobierno diciendo “gobernabilidad se paga con gobernabilidad”, lo que contiene una cruda implicación, dado que lo contrario de la gobernabilidad es el caos. En momentos en que tanto el déficit nacional como los provinciales han crecido en forma alarmante, lo cual ha desatado una pugna por la apropiación de los ingresos fiscales, que seguramente terminará en la Corte Suprema. Por ello el gobierno nacional, aunándolo con la cuestión del grupo CLARIN y la de la Procuración, parece decidido a copar esa parada de cualquier manera, por improlija, inconstitucional, o ilegal que fuera.
La cuestión con los fondos buitres y sus pasivos ocultos
Como candidato Macri dijo que lo primero que haría sería ponerse a disposición del juez norteamericano Griesa, para solucionar el problema con los fondos buitres. Para ello nombró como secretario de Finanzas al bróker de la bolsa, Luis Caputo, quién se reunió con el mediador Daniel Pollack, cuatro veces en las cuatro primeras semanas del mandato de Macri.
Al mismo tiempo que su jefe el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay decía: “No crean ni un segundo el verso de que peleándonos con los buitres estamos haciendo un servicio a los argentinos. Esta negociación no va a durar ni 15 años ni 48 horas. Queremos resolver este problema y lo vamos a resolver lo más rápido y justamente posible”.
El motivo de estas urgencias, no es porque Macri este empeñado en cumplir con su palabra. Sino porque la solución de la cuestión con los buitres es clave para su plan de empoderamiento en el gobierno. Que igual que hizo cuando era jefe de Gobierno de la CABA, y acorde con sus antecedentes de ingeniero constructor perteneciente a la “patria contratista”, se basa en una fórmula muy sencilla.
Aprovechar el desendeudamiento externo que a duras penas llevó adelante el kirchnerismo, desquiciando los organismos de crédito interno, para reendeudar externamente al país y a las provincias en forma masiva. Y así poder llevar adelante un faraónico plan de obras desde Ushuaia a La Quiaca, que se pueda ostentar en todo el país. Igual que hizo con los metrobuses y bicisendas en Buenos Aires.
Ayudando a sostener además con esos ingresos de divisas, a la neoconvertibilidad, similar a la de Martínez de Hoz y Cavallo,  que se reinstaló con la apertura del cepo cambiario, consagrando la libertad absoluta al movimiento de capitales. Que requiere a su vez que no exista el déficit fiscal, o que este sea mínimo, para que los préstamos obtenidos vayan a obras y gastos de capital y no gastos corrientes. Por eso la decisión de eliminar no se sabe si la grasa, o los grasas del Estado, según dijo Prat Gay. A lo que se agrega la necesidad de recursos para cooptar a las provincias, ya sea a través del aumento de la coparticipación, o la posibilidad de que se endeuden externamente contando con el aval del estado nacional
Se trata de un plan similar al de la conservadora Generación del Ochenta, que además del control de “las situaciones provinciales” apelando a cualquier medio, con sus obras faraónicas en base al crédito externo, hizo de Buenos Aires al decir de André Malraux, “la capital de un imperio que nunca existió”. Que trajo a Argentina un breve y desigual bienestar, que solo duró esa generación.
Pero ese plan tiene un escollo, que es el bloqueo financiero impuesto por los fondos buitres encabezados por Paul Singer. Y cuya solución tiene otros dos escollos. Uno es el pasivo oculto a la sociedad, que esas demandas reportan, que recién tenuemente se empezaron a sincerar.
Que no son los 11.359 millones de dólares que figuran en el informe de la Secretaría de Finanzas, sino que por efecto de la potenciación de intereses judiciales, gastos, y costas, treparían a más del doble, según expertos como Daniel Marx. Lo que erogaría otro tanto como carga de intereses para su financiación, por lo que se trataría de un Megacanje por más de 50 mil millones de dólares, como el de Cavallo del 2001. Por ello los fondos buitres han requerido que las negociaciones sean secretas hasta arribar a un acuerdo, para ínterin no exasperar a la población.
El otro escollo es la clausula RUFO modificada por las leyes cerrojos, que podrían hacer extensivas a los acreedores que aceptaron los canjes del 2005 y 2010, los beneficios que se otorguen a los fondos buitres. Razón por la cual el problema en vez de morir allí, podría repotenciarse. Y todo ello requiere que no solo el Poder Ejecutivo, sino que el Congreso en pleno ponga su firma en el acuerdo en que se arribe con los fondos buitres.
Al relegarse otras alternativas que podrían dar solución al problema, siempre y cuando no se aspire a volver como dice el tango, sumiso y vencido al mercado de la deuda, para crear un pasajero y dudoso bienestar. Para que esto, sumado al control de la opinión pública con el aporte de CLARIN, el control de la Corte Suprema con los candidatos designados en comisión, y el control de la Procuración General y los fiscales penales, le posibilite a Macri ganar las elecciones de medio término del 2017, y su reelección en el 2019.
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