Lo que sigue ahora es un gran drama
“¿Qué sigue ahora”?, se preguntó Enrique Peña Nieto después de hacer un balance del proceso “reformista” que culminó con la promulgación de las leyes secundarias en materia de energía. Su respuesta: “Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios concretos para toda la población”. Lástima que no haya dicho cómo lograrlo, porque en el régimen de gobierno neoliberal en que estamos inmersos es imposible que eso llegara a suceder.
Al contrario, lo que dentro de un año puede suceder es que la situación del país sea más dramática en todos los renglones de la vida nacional, porque habrá más desajustes en el aparato productivo como consecuencia de los reacomodos que sobrevendrán con la llegada de grandes empresas trasnacionales, las cuales no llegarán con las manos llenas de dólares para repartir, sino con la idea de obtener ganancias muy provechosas con las menores inversiones, como así ha sucedido y sucederá mientras existan las reglas que imponen las súper potencias.
Esto lo sabe muy bien la alta burocracia, por eso se esmeró en preparar una base de apoyo armado que le garantice estabilidad a la oligarquía, premisa esencial del Estado en este momento. El pretexto para ello es salvaguardar la seguridad nacional, aunque no esté en riesgo porque no estamos en guerra contra ningún otro país. Se trata en realidad de que la minoría que detenta el poder político y económico, viva con la certeza de que las clases mayoritarias seguirán sometidas, incapacitadas para defender sus legítimos derechos, como sucede en algunas partes y en uno que otro sector productivo.
En este marco conceptual, seguridad nacional es sinónimo de protección a la oligarquía por encima de cualquier otra prioridad. Para completar el aparato represor ya construido con un alto costo económico, el gobierno federal está armando un avanzado sistema nacional de inteligencia en el que participarán todas las áreas de la administración pública, como lo informó en marzo el secretario de Marina, almirante Francisco Soberón Sanz (La Jornada, 3/9/14). En la actualidad trabajan ya tres centros regionales de inteligencia naval, y se encuentra en proceso de construcción uno más. “Dichos centros desarrollan actividades de inteligencia con la finalidad de hacer frente a amenazas y grupos antagónicos”, como señaló el funcionario.
¿Cuáles son esos grupos antagónicos?, cabe la pregunta. No son otros que aquellos que se atrevan a discrepar de las disposiciones gubernamentales, aunque tengan toda la razón legal y moral para hacerlo, como por ejemplo los campesinos que son víctimas de abusos por parte de negociantes que quieren robarlos. Este tipo de casos serán cotidianos en los meses por venir, cuando las grandes empresas petroleras quieran explotar yacimientos en tierras ejidales o comunales y sus legítimos dueños no estén de acuerdo con tal decisión.
Un caso emblemático es el de los comuneros de Atenco, a quienes se les quiso despojar de sus tierras en el sexenio de Vicente Fox, mismos que ahora presienten que podrían ser nuevamente presionados conforme al anuncio que hizo Peña Nieto de que se ampliará el aeropuerto de la ciudad de México en este sexenio.
De ahí que “poner las reformas en acción” deba interpretarse como una amenaza concreta a la población que tenga voluntad y firmeza para luchar por sus legítimos intereses. El grupo en el poder no tiene otra prioridad que consolidar el proceso “reformista”, que en realidad no es otra cosa que apuntalar un sistema de privilegios para una minoría cada vez más excluyente y voraz. Por eso sus más conspicuos integrantes, quienes fueron invitados especiales a la faraónica ceremonia en Palacio Nacional el pasado martes, se mostraban radiantes de felicidad. Hasta sus guaruras se dieron el insospechado lujo de tomar la plancha del Zócalo como estacionamiento privado.
Para Peña Nieto, “México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro es que éste no es el país de antes, este es el México que ya se atrevió a cambiar”. Lo dijo para beneplácito de la cúpula oligárquica que será ampliamente beneficiada con las contrarreformas puestas en marcha, con el aval de la “izquierda” que ahora recibe su premio de consolación: encabezar para las fotos las mesas directivas de las dos cámaras del Congreso.
“¿Qué sigue ahora”?, se preguntó Enrique Peña Nieto después de hacer un balance del proceso “reformista” que culminó con la promulgación de las leyes secundarias en materia de energía. Su respuesta: “Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se reflejen en beneficios concretos para toda la población”. Lástima que no haya dicho cómo lograrlo, porque en el régimen de gobierno neoliberal en que estamos inmersos es imposible que eso llegara a suceder.
Al contrario, lo que dentro de un año puede suceder es que la situación del país sea más dramática en todos los renglones de la vida nacional, porque habrá más desajustes en el aparato productivo como consecuencia de los reacomodos que sobrevendrán con la llegada de grandes empresas trasnacionales, las cuales no llegarán con las manos llenas de dólares para repartir, sino con la idea de obtener ganancias muy provechosas con las menores inversiones, como así ha sucedido y sucederá mientras existan las reglas que imponen las súper potencias.
Esto lo sabe muy bien la alta burocracia, por eso se esmeró en preparar una base de apoyo armado que le garantice estabilidad a la oligarquía, premisa esencial del Estado en este momento. El pretexto para ello es salvaguardar la seguridad nacional, aunque no esté en riesgo porque no estamos en guerra contra ningún otro país. Se trata en realidad de que la minoría que detenta el poder político y económico, viva con la certeza de que las clases mayoritarias seguirán sometidas, incapacitadas para defender sus legítimos derechos, como sucede en algunas partes y en uno que otro sector productivo.
En este marco conceptual, seguridad nacional es sinónimo de protección a la oligarquía por encima de cualquier otra prioridad. Para completar el aparato represor ya construido con un alto costo económico, el gobierno federal está armando un avanzado sistema nacional de inteligencia en el que participarán todas las áreas de la administración pública, como lo informó en marzo el secretario de Marina, almirante Francisco Soberón Sanz (La Jornada, 3/9/14). En la actualidad trabajan ya tres centros regionales de inteligencia naval, y se encuentra en proceso de construcción uno más. “Dichos centros desarrollan actividades de inteligencia con la finalidad de hacer frente a amenazas y grupos antagónicos”, como señaló el funcionario.
¿Cuáles son esos grupos antagónicos?, cabe la pregunta. No son otros que aquellos que se atrevan a discrepar de las disposiciones gubernamentales, aunque tengan toda la razón legal y moral para hacerlo, como por ejemplo los campesinos que son víctimas de abusos por parte de negociantes que quieren robarlos. Este tipo de casos serán cotidianos en los meses por venir, cuando las grandes empresas petroleras quieran explotar yacimientos en tierras ejidales o comunales y sus legítimos dueños no estén de acuerdo con tal decisión.
Un caso emblemático es el de los comuneros de Atenco, a quienes se les quiso despojar de sus tierras en el sexenio de Vicente Fox, mismos que ahora presienten que podrían ser nuevamente presionados conforme al anuncio que hizo Peña Nieto de que se ampliará el aeropuerto de la ciudad de México en este sexenio.
De ahí que “poner las reformas en acción” deba interpretarse como una amenaza concreta a la población que tenga voluntad y firmeza para luchar por sus legítimos intereses. El grupo en el poder no tiene otra prioridad que consolidar el proceso “reformista”, que en realidad no es otra cosa que apuntalar un sistema de privilegios para una minoría cada vez más excluyente y voraz. Por eso sus más conspicuos integrantes, quienes fueron invitados especiales a la faraónica ceremonia en Palacio Nacional el pasado martes, se mostraban radiantes de felicidad. Hasta sus guaruras se dieron el insospechado lujo de tomar la plancha del Zócalo como estacionamiento privado.
Para Peña Nieto, “México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro es que éste no es el país de antes, este es el México que ya se atrevió a cambiar”. Lo dijo para beneplácito de la cúpula oligárquica que será ampliamente beneficiada con las contrarreformas puestas en marcha, con el aval de la “izquierda” que ahora recibe su premio de consolación: encabezar para las fotos las mesas directivas de las dos cámaras del Congreso.