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Diario Radio 07/05/2012

Lunes de nuevo, como debe ser, lamentablemente.
Un fin de semana agotador.
Tengo un desafio pendiente. El amigo @Hiperposteador quiere un tema de los Redondos y que valla acorde con el tema del dia, segun las tapas de los diarios. Bueno, ustedes son los jueces (tengan piedad, estaba dificil, lo mejor que puedo hacer es conectar con los nombres de los temas ).
Vamos derecho con los diarios y la musica.

Un poco de amor Frances:



link: http://www.youtube.com/watch?v=tMVSw2xS3sA

Diariooooooosss










El Regreso de Mao (a no confundir socialismo con comunismo, por favor)


link: http://www.youtube.com/watch?v=vaddRzbCt28

Otras tapas!!!
























Y como esta Europa ahora, lo de Hollande va a ser una Tarea Fina (maliiisiiimooo, jaja)


link: http://www.youtube.com/watch?v=tzo5S6yrdQU

Nota Recomendada X 2


EL PAIS › VICTOR HORTEL, TITULAR DEL SERVICIO PENITENCIARIO, QUE HOY HARA UN HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE TRELEW

“El SPF debe exorcizar sus recuerdos”

Militante kirchnerista, Hortel sostiene que el Servicio Penitenciario debe ser coherente con los ejes de la gestión del gobierno nacional. Por eso, decidió homenajear a los 16 detenidos de la Unidad 6 asesinados en Trelew en 1972.

Por Ailín Bullentini

La misma jornada en la que la Justicia comenzará a debatir las responsabilidades por la masacre de Trelew (ver página 10), un fusilamiento múltiple cometido el 22 de agosto de 1972 en esa ciudad patagónica, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) decidió homenajear a los 16 presos asesinados entonces en la Unidad 6, el mismo penal en el que vivieron sus últimos días. “(Es) un deber de esta institución democrática de la Nación el promover enfatizadamente el recuerdo constante de esa brutal etapa como el ejercicio colectivo de la memoria”, argumentó el director del SPF, Víctor Hortel, desde la presentación formal de los fundamentos del homenaje, que incluirá la instalación de las fotografías de los fusilados en la unidad, la proyección de documentales sobre la historia de la masacre y también de una mesa de debate a la que están invitados organismos de derechos humanos.

–Uno de los acusados en el juicio es un cabo retirado, Carlos Marandino. ¿Incluye el homenaje del Servicio Penitenciario un reconocimiento de su participación en el terrorismo de Estado?

–Un aspecto del homenaje tiene que ver con la gestión del SPF. Además de ser el director del servicio, soy militante kirchnerista y estoy consustanciado con las políticas de derechos humanos del proyecto nacional y popular. Lo mismo ocurre con el SPF, desde donde debemos ser coherentes con los ejes de memoria, verdad y justicia trabajados desde el gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos y, como institución estatal, ejecutar políticas acordes. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con lo histórico. El SPF debe revisar sus acciones y conductas y exorcizar esos recuerdos que lo vinculan con la parte más trágica de nuestra historia. Que seamos organizadores del homenaje es bastante importante en ese sentido. Es una manera de reivindicar a las víctimas de la masacre, del terrorismo de Estado, a esos compañeros.

–¿Qué otros aportes puede el SPF hacer a los ejes de memoria, verdad y justicia, además de los homenajes?

–Tenemos un compromiso con nuestra función en los juicios de lesa humanidad, acorde a lo que marca el Poder Judicial. Tenemos obligación de hacernos cargo del traslado de detenidos, de la custodia y de la organización para que no haya nada que obstaculice, desde esos puntos, el avance de esos juicios.

–Existen campañas que fomentan a aquellos que pudieron ser testigos de crímenes de lesa humanidad a contar lo que vieron, como el caso de los ex conscriptos. ¿Se podría llegar a aplicar una cuestión así en el Servicio Penitenciario?

–No tenemos programas específicos en ese sentido. Sin embargo, autorizamos a los investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos a revisar nuestros archivos para que controlen y chequeen informaciones de esa época para probar los delitos o recabar datos sobre el paradero de desaparecidos. Lo que no quita que no podamos generar algo similar en un futuro.

–Según explicó en los fundamentos del homenaje, el acto se inscribe en la intención de generar un cambio cultural en la fuerza respecto de los derechos humanos. ¿Por qué es tan difícil llevarlo a cabo?

–Somos parte de un proyecto político y de su desafío de transformar el país. Durante los 80 años de historia que tiene el servicio, la lógica para comprender su función en la sociedad era seguridad versus derechos. Durante muchos años la doctrina dominante fue la del castigo y el maltrato hacia los presos, su encierro como método principal de brindar seguridad a la sociedad. Las cárceles fueron alojamiento, depósito. Cuando se la intenta torcer para el lado de los derechos, cuando el preso se convierte en un sujeto de derechos que está exclusivamente privado de su libertad ambulatoria, no del resto de sus libertades, la cuestión se resiste un poco.

–¿Por eso la persistencia de casos de hacinamiento o de torturas actuales en las cárceles?

–No tenemos prácticamente sitios hacinados y la tortura no es institucional, aunque sí hay gente que sigue sosteniendo que los golpes y el maltrato no son para alarmarse. Lo que nosotros no toleramos, para ellos debería ser corriente. Armamos un grupo de gestión, con organismos de derechos humanos como la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos nacional, para generar políticas contra la tortura y grupos de observadores que trabajan en las unidades. Además hay cursos de capacitación, porque la cuestión no se termina sólo con decirlo. El cambio cultural, entonces, consiste en ocuparse de la persona privada de la libertad para que pueda gozar de todos los derechos que no le fueron restringidos por sentencia penal: trabajo, educación, cultura. La seguridad ya no pasa por el castigo sino por el aseguramiento de derechos. Durante la dictadura, el SPF participó de la eliminación de todo el que pensaba distinto, de toda postura crítica. Hoy hace políticas de inclusión.

EL PAIS › EN EL FORMULARIO PARA RECIBIR UN BENEFICIO EN LA CIUDAD PREGUNTAN SI EL INTERESADO POSEE JUICIOS CONTRA EL GOBIERNO PORTEñO

Un subsidio que tiene sus preferencias

Se trata del programa “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil”. Los especialistas consideran discriminatorio el requisito. En el gobierno porteño aseguran que la pregunta es meramente “informativa”.

Por Gustavo Veiga

El acceso a un subsidio que otorga el gobierno porteño en el marco de un programa denominado “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil” está condicionado por un artículo que especialistas en el tema consideran discriminatorio. Los interesados deben responder a esta pregunta: “¿Posee juicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?”. Una legisladora que trabaja en temáticas sociales y la referente de un movimiento de mujeres en situación de calle salieron a cuestionar ese requisito que contiene el anexo del decreto 956 de 2009, firmado por Mauricio Macri y la entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Desde la cartera que ahora conduce Carolina Stanley sostienen que el dato “se solicita a modo informativo y no es excluyente que tengan juicios o no para presentarse o ganar. De hecho, hubo casos de Organizaciones de la Sociedad Civil que los tenían y ganaron la convocatoria”.

La norma publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 4 de noviembre de 2009, en el artículo 6 de su anexo, dice: “Requisitos que deben reunir las organizaciones de la sociedad civil e instituciones afines postulantes”. Y allí está redactada la pregunta que, tres años después, todavía no ha sido retirada de las bases para la convocatoria al programa que depende de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a cargo de Paula Pérez Marquina. En Desarrollo Social aseguran que “este requisito existió siempre, viene desde la gestión de (Aníbal) Ibarra, y es una normativa impuesta por decreto en 2002”.

Para la diputada porteña Claudia Neira, de Buenos Aires para Todos, que como abogada denunció en el pasado la política de de-salojos violentos de la UCEP contra indigentes, “el gobierno de Macri tiene que explicar cuál es el objetivo de preguntar eso. La organización que solicita el subsidio podría mantener un juicio porque sufrió la vulneración de un derecho y eso no debería condicionar su elección. Parecería que quieren bendecir el cercenamiento de un subsidio, ésta es una cuestión de sentido común”.

Alicia Andreozzi integra la organización Mujeres en Calle y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Conoce en detalle cómo es la política de subsidios del gobierno porteño: “Esto se hace para acotar la incidencia de la Justicia y avanzar contra el pedido de amparos en ella. Hay una razón de orden económico, como reducir el padrón de beneficiarios, ya que no les alcanza el dinero para repartir. Lo mismo le pasa al gobierno nacional. Aunque hay casos emblemáticos, como el pago de subsidios a madres con niños discapacitados, a familias numerosas, que no van a poder cortar. Como tampoco a los que hacen protestas. La política de Macri es sacar a la gente de la calle, ahora con más prolijidad que cuando lo hacía a través de la UCEP. En este y otros temas juega su candidatura presidencial”.

Para el Ministerio de Desarrollo Social, la pregunta de tener o no juicios contra el Estado porteño data de 2002. Pero cuando el gobierno del PRO firmó el decreto 956/2009, dejó sin efecto el Programa “Apoyo a Redes de Acción Comunitaria” de aquel año, que podría considerarse su antecedente más parecido y otras resoluciones anteriores sobre el mismo tema.

Ahora se interroga a las organizaciones sobre si demandaron al gobierno, incluso después de haber sido elegidas. En las disposiciones exclusivas para ONG ganadoras se pide que, junto a la firma del convenio, su representante legal presente “una declaración jurada, dejando constancia si la organización posee o no juicios contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si la organización posee o no subsidios otorgados por el Gobierno”.

Esto podría explicar lo que informa Desarrollo Social: que distintas ONG, aun con demandas entabladas, ganaron igual la convocatoria al Programa. O, por el contrario, que puede ser un condicionante para la firma del acuerdo o de los que surjan en el futuro. De hecho, en la cláusula octava del convenio se establece que tendrá “una vigencia de doce meses desde la fecha de suscripción, no obstante lo dicho precedentemente, podrá ser rescindido sin causa unilateralmente por cualquiera de las partes, debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta días hábiles administrativos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin que ello signifique derecho a resarcimiento o indemnización alguna por ningún concepto”.

¿Una ONG que necesita el subsidio para trabajar con gente en situación de calle o niños discapacitados podría verse obligada a rescindir el contrato una vez que lo firmó? Parece poco probable a juzgar por todos los requisitos que le exigen y debe completar. A menos que el gobierno porteño tuviera pensado hacer lo mismo porque no ejecuta el presupuesto del área (algo que durante la gestión de Macri ha sido moneda corriente) o comprobó que le hicieron un juicio mediante el cuestionario obligatorio que aparece en la declaración jurada.

El requisito de la convocatoria a la edición 2012 del Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil sorprendió a más de un espacio social interesado en acceder al subsidio. Página/12 pudo constatar que familias pobres que se reúnen en iglesias porteñas se entusiasmaron con presentarse ante la Dirección que depende de Pérez Marquina, pero al encontrarse con la pregunta, dudaron en hacerlo.

Los objetivos del Programa cuyo plazo para la entrega de solicitudes venció el 30 de marzo son: promover y desarrollar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil; incentivar la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía a través de organizaciones de la sociedad civil que ejecuten proyectos orientados a la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad; promover la articulación con organizaciones de la sociedad civil, entre éstas y las comunidades con las que interactúan, como así también con las diversas áreas del Gobierno de la Ciudad, y fortalecer la construcción de una cultura solidaria.

En 2011 se presentaron 402 proyectos y fueron aprobados 246. El subsidio puede resultar clave para entidades sin fines de lucro como organizaciones sociales, educativas y religiosas que son una herramienta indispensable para llegar a donde el gobierno porteño no llega. Por si acaso, cada beneficiario deberá asumir “la obligación de contratar una cobertura de seguro del lugar donde se ejecutará el proyecto adecuada a los riesgos que se generen con motivo o en ocasión de la ejecución del mismo, y a mantenerla vigente durante todo el plazo de ejecución”. No sea cosa de que la Ciudad de Buenos Aires acumule más juicios.
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