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Copamiento al cuartel de La Tablada

El 23 de enero de 1989, un grupo de 42 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) tomaron la decisión de atacar el cuartel militar del Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano, situado en La Tablada, provincia de Buenos Aires. La decisión se debía a la información que tenían sobre los preparativos de un inminente nuevo golpe de Estado por los militares carapintadas y encontraban su justificación en la misma Constitución, que, en el artículo 21 establece la obligación de los ciudadanos de armarse para defender la Constitución. 42 militantes del MTP penetraron en el cuartel y tuvieron que enfrentarse a 3.600 efectivos de la policía y el ejército durante 30 horas. El ejército recurrió a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo blanco (prohibido por la Convención de Ginebra). 28 fueron los civiles masacrados, 3 desaparecidos y 11 muertos del ejército (la mayor parte a consecuencia de los bombardeos). Las personas capturadas fueron brutalmente torturadas. La Cámara Nacional de Casación Penal los condenó a distintas penas, basándose en Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se despojó a los procesados del derecho a la apelación y a un nuevo juicio. Diversos organismos internacionales y el informe 55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacan la violación del derecho a la defensa, el asesinato de 9 personas después de su rendición y la tortura a que fueron sometidos los detenidos. En el año 2000 iniciaron una huelga de hambre que duró 46 días. El 3 de agosto depusieron su actitud ante la promesa de que sus reclamos serían satisfechos. Un mes después, cuando comprobaron que lo prometido no se cumplía, reanudaron el ayuno. Más tarde el presidente Fernando de la Rúa (fines de 2000) anunció el decreto de conmutación de penas, reduciendo las condenas para los detenidos a excepción de Enrique Gorriarán Merlo, líder del movimiento, y su compañera Ana María Sívori, por no estar incluidos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sacerdote Fray Antonio Puigjané, condenado a 20 años de prisión, merced a dicha conmutación y dada su avanzada edad fue puesto bajo detención domiciliaria. Finalmente en 2003 el presidente saliente Eduardo Duhalde, a punto de traspasar el poder a Néstor Kirchner, decretó una amnistía para los presos de La Tablada y un grupo de carapintadas, presos desde 1989.



























Parte 1

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Parte 2

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Parte 3

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Parte 4

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Parte 5

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Parte 6

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Parte 7

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