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Por demoras y trabas, la investigación contra Báez no despega




En la Justicia admiten que aún no se reunieron elementos clave; sostienen que es difícil probar el delito de lavado


A dos meses de las denuncias periodísticas de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez, hasta ahora son pocos los indicios en el expediente que liguen al empresario kirchnerista con ese delito, según reconocieron a LA NACION fuentes de la investigación.

Las declaraciones de sus presuntos colaboradores en las maniobras, el estudiante de contabilidad Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, alejaron al rey de la obra pública patagónica del centro de las acusaciones, aunque al mismo tiempo quedaron ellos mismos complicados por operaciones financieras sin justificación.

Tampoco se consiguió información determinante en los allanamientos realizados en el Sur en las casas de Báez, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello ante una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien acercó información respecto de que el empresario había desmantelado una bóveda del sótano de su vivienda y trasladado dinero y armas a una de sus estancias. Los procedimientos se realizaron 15 días después de la denuncia. En ese lapso se discutió qué juez era competente para allanar, si la justicia federal de Río Gallegos, por jurisdicción, o Casanello por la conexidad con su caso. Finalmente la Cámara Federal decidió que fuera Casanello quien se quedara a cargo. Después de la demora que implicó esa indefinición, el magistrado dispuso los procedimientos, pero sin ningún resultado, ya que no halló ni documentos, ni dinero, ni armas en ninguna de las propiedades de Báez. En la Justicia también advierten que comprobar el lavado de dinero es complejo porque, según reconocen fuentes de la investigación, para que exista el delito de blanqueo debe haber un hecho ilícito antecedente. Es decir, que el dinero que se introduce en el circuito para legalizarlo o blanquearlo debe provenir de la comisión de un delito anterior.

En la vieja ley de lavado hacía falta una condena anterior y que el lavador fuera distinto del que hacía la maniobra ilícita. Con la nueva ley no hace faltan estos requisitos, basta con una presunción firme y el acusado de lavado puede ser él mismo protagonista del delito. Aun con esa flexibilización legal, a la Justicia le sigue resultando difícil probar ese ilícito, a tal punto de que hay una sola condena por este motivo.

Los elementos más directos en contra de Báez pueden surgir de la información que el juzgado les pidió a Uruguay y a Panamá, donde se constituyó Teegan Inc., una firma a nombre de Martín Báez, hijo de Lázaro, que Elaskar primero admitió haber abierto para sacar dinero al exterior y luego lo negó.

El caso estalló el 14 de abril en el programa de TV Periodismo para Todos, de Jorge Lanata. Pero desde su génesis el proceso judicial viene demorado: recién cuatro días después del programa se determinó qué juez era competente para investigarlo, y al día siguiente se abrió formalmente la investigación con una imputación del fiscal que dejó afuera al principal protagonista de las denuncias: Báez. La firmaron el fiscal antilavado filokirchnerista Carlos Gonella y el fiscal federal Ramiro González, quien suplía al fiscal titular del caso, Guillermo Marijuan. A su regreso, Marijuan amplió la investigación a Báez, en medio de graves denuncias contra sus antecesores por incumplimiento de la ley.

Allí, el caso pareció cobrar impulso sobre Elaskar y Fariña. Allanaron sus propiedades, la financiera SGI y se juntaron pruebas sobre sus operaciones económicas, supuestamente injustificadas para su patrimonio. Ambos declararon ante la Justicia, pero sus versiones de cómo hicieron la plata y sus gastos millonarios no convencieron a los investigadores del caso. Elaskar pudo exhibir un patrimonio más justificado a través de las propiedades de su padre, pero Fariña dejó huecos en su relato que llamaron la atención, así como contradicciones con lo que declaró el financista. Las pruebas en su contra son operaciones bancarias por 20 millones de pesos y la compra de un BMW, dos Ferrari, un Audi, un Porsche y un departamento en la Avenida del Libertador al 2300, de 300 metros cuadrados. También en el caso de Fariña la compra de propiedades en Mendoza por 5 millones de dólares. Fariña admitió que lo hizo con dinero de Báez y que con la venta de los campos -por sólo 1,8 millones de dólares- se cobró plata que Báez le debía, según dijo.

Otra operación que los involucra es la adquisición por 14,5 millones de dólares del campo El Entrevero, en José Ignacio. Los papeles complican al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. La justicia argentina pidió a Uruguay, mediante un exhorto diplomático, todos los comprobantes de esa operación
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Elaskar dijo por TV que había armado para Báez 50 empresas para sacar del país al menos 50 millones de euros a cuentas de bancos suizos. Fariña completó al señalar que sacó bolsos con dinero en aviones. Luego lo negaron ante la Justicia. Fariña dijo que lo había inventado para que la Justicia probara que eran mentiras. Elaskar dijo que mintió para forzar a Pérez Gadín a que le pagara la segunda cuota de la venta de SGI, unos 750.00 dólares. Ambos despegaron a Lázaro Báez..




Es cierto que el lavado es un delito técnicamente difícil de probar, pero también es cierto que la investigación tuvo todos los ingredientes para que no prospere.

El fondo que administra "La Rosadita" tiene activos por 60 millones de dólares



Tiene participación en sociedades dispersas en 16 países; una de ellas, radicada en Panamá, fue controlante de Garbarino


Helvetic Services Group (HSG), el misterioso fondo suizo que desembarcó en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", detalló en un informe propio de fines de 2011 su participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones.

El dato surge de un reporte que un contador de HSG entregó a la Inspección General de Justicia (IGJ), cuya copia obtuvo LA NACION, en el que apareció como controlante del Grupo Garbarino, uno de los emporios más poderosos del país, con ingresos que superan los $ 5000 millones al año.

Consultados por LA NACION, desde Garbarino confirmaron que existió un vínculo con Helvetic Services Group desde 2005 a través de una firma panameña, pero indicaron que ese vínculo se cortó antes de que estallara el escándalo que protagoniza el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Precisaron que ya nada une al grupo empresario con el fondo suizo y que así consta inscripto ante la IGJ para el período que cerró el 31 de diciembre pasado.



Enviado desde Lugano, Suiza, el informe de Helvetic Services Group redactado en inglés el 24 de noviembre de 2011 tampoco incluyó a "La Rosadita" entre sus activos declarados, aun cuando un mes antes el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, había tomado el control de la financiera, según surge de documentos oficiales y declaraciones testimoniales dados ante la Justicia que cotejó LA NACION.

Por el contrario, Helvetic Services Group sí aportó detalles sobre sus activos corrientes y no corrientes en ese informe disponible en la IGJ, que mantiene un "cepo informativo" para periodistas sobre las sociedades registradas bajo su órbita. El fondo suizo enumeró inversiones multimillonarias en Panamá, las Antillas Holandesas, Tanzania, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Italia, España, Reino Unido, Suiza y Liechtenstein.

En el primero de esos países, Panamá, Helvetic Services Group consignó que hacia fines de 2011 controlaba el 100% de las acciones de Financiera del Exterior del Comercio SA, que figura en la Argentina como dueña del 95% de las acciones del Grupo Garbarino, que abarca su cadena de locales de venta de electrodomésticos y también Compumundo, Garbarino Viajes y Digital Fueguina.

Desde la cúpula del Grupo Garbarino remarcaron, sin embargo, que ese vínculo se cortó por completo y calificaron a HSG como una "sociedad vehículo" a la que apelaron en 2005 como parte de una ingeniería financiera propia que ya se encuentra "desactivada". También informaron que ahora colocaron a la sociedad panameña que reconocen como propia, Financiera del Exterior del Comercio, que declara un capital de US$ 1 millón, bajo el paraguas de otra "sociedad vehículo", Portmann Capital Management Limited, en Malta.

"No tenemos nada que ver con SGI ni con Lázaro Báez. No lo conocemos ni a él ni a su gente, y sólo tenemos la desgracia de haber apelado a la misma «sociedad vehículo» en Suiza por recomendación de un estudio jurídico en Uruguay", precisaron desde Garbarino ante la consulta de LA NACION, al que facilitaron documentos presentados ante la IGJ y de otros países para exponer esa desvinculación.

De Lugano a la Patagonia

Según consta en el Registro de Comercio de Lugano, HSG es controlada por una ciudadana suiza, Verena Ursula Fontana (con el 67% de las acciones), mientras que Ramos, un abogado argentino y pasaporte italiano, retiene el 33% restante, según consta en la copia de ese registro oficial que obtuvo LA NACION.

Al declarar en Tribunales, sin embargo, el ex dueño de SGI Federico Elaskar no aludió a Fontana o a Ramos cuando dio su versión sobre cómo fue el desembarco de HSG en su financiera, por la que Leonardo Fariña habría movido decenas de millones de dólares pertenecientes a Báez. Sí mencionó, en cambio, a Pérez Gadín, uno de los contadores de Austral Construcciones, como el negociador clave.

"A mediados de 2011", contó Elaskar ante la Justicia, donde se desdijo del relato que había dado por televisión, "negocié con Helvetic Services Group la venta de la mayoría accionaria de SGI de un grupo de sociedades vinculadas", detalló.

En su informe ante la IGJ de noviembre de 2011, en tanto, HSG no colocó a la firma panameña que controla al Grupo Garbarino como su mayor activo durante 2011. En esa posición ubicó a dos sociedades españolas: GB and Partners SL (rebautizada como "Wodson International SL" ), con US$ 14,4 millones, y Sambers Hantarex Spain SL, con otros US$ 14 millones.

La panameña Financiera del Exterior del Comercio SA sólo apareció como el tercer mayor activo declarado de HSG al momento de enviar ese reporte, por un valor de US$ 5,5 millones, que se combinaban con otros US$ 2,8 millones asignados a su sociedad gemela que, con idéntico nombre, pero "limited" en vez de "sociedad anónima", armó en las Antillas Holandesas.

En la portada de su página oficial de Internet, en tanto, Helvetic Services Group colgó dos comunicados. El primero, del 24 de abril pasado, en el que afirmó no tener conocimiento alguno sobre las noticias provenientes de la Argentina, y anunció que evaluaba iniciar acciones legales para "proteger su buena imagen y sus intereses económicos", que no detalló.

Su segundo comunicado es del último viernes. Reiteró que cumple con las leyes suizas e indicó que ya dio sus explicaciones a la justicia argentina. También dijo que cuenta "con varias inversiones en más de 15 países a nivel global" y que lo clarificaba "teniendo en cuenta la cantidad exorbitante de información falsa que apareció en los medios de comunicación en la Argentina".

Ante la IGJ, HSG detalló además que en la Argentina invirtió en dos emprendimientos inmobiliarios. Uno de ellos es como compradora minoritaria de Continental Urbana, una desarrolladora inmobiliaria que cotiza en Bolsa y que pertenecía al banquero y titular del Macro, Jorge Brito.



Cómo operaba "La Rosadita", la financiera de Puerto Madero mencionada por Leonardo Fariña

La oficina situada en el edificio Madero Center estaría involucrada en la trama del dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez; clientes y seguridad VIP

Operaciones con montos de más de US$ 100.000, cambios de cheques al día con una comisión del 2,5 por ciento, descuentos de cheques, triangulaciones con paraísos fiscales, políticos y empresarios de clientes, máxima reserva de las operaciones. Sobre estas actividades funcionaba "La Rosadita", según publica hoy el diario El Cronista.

La exclusiva financiera, situada en Puerto Madero, ganó fama por atender a funcionarios del Gobierno y está en el ojo de la tormenta desde que el domingo pasado se destapó el caso de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo sospechado por estas horas de lavado de dinero.

En el 7° "C" del Madero Center, en Juana Manso 555 -el mismo edificio donde vive el vicepresidente Amado Boudou-, habrían realizado operaciones distintos funcionarios públicos, y hasta el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, lo tendría como lugar para acordar licitaciones de obras públicas, según denunciaron los asesores financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar al programa "Periodismo Para Todos".

Elaskar, ex dueño de la financiera SGI -que habría triangulado hacia paraísos fiscales el dinero que disponía Lázaro Báez-, relató en su entrevista con Jorge Lanata que en "La Rosadita" se hacía una escala técnica de la plata que provenía de la Patagonia y de allí era despachada a Suiza, vía Montevideo, dividida en cuentas de US$ 1,5 millón para evitar sospechas. Todo se hacía con la pantalla de empresas fantasmas.

"La Rosadita" daba seguridad a sus clientes. "Era una cueva como cualquiera de la City porteña, pero con la ventaja de que era en Puerto Madero", aseguró un cliente de la financiera al diario El Cronista. Los asiduos visitantes podían acceder al edificio directamente ingresando con su auto al estacionamiento privado, lo que les permitía mover los bolsos con billetes sin temor a una eventual salidera.

Nadie sin recomendación previa podía ser atendido. Es más, debía llamar por teléfono de un cliente para que desde la financiera lo identifiquen y confíen en él para hacer la operación.

En "La Rosadita" se cambiaban cheques al día, con una comisión del 2,5 por ciento, un costo similar a otras cuevas financieras. A su vez, el descuento de cheques tenía un coste de 52 por ciento anual.

Según El Cronista, la especialización de la financiera era el "dólar cable", como se conoce en la jerga a la transferencia de dólares al exterior de manera ilegal, por la que cobraban una comisión del 4 por ciento. Por el contrario, si alguien necesitaba traer divisas desde el extranjero, pagaba 1 por ciento del monto total de la operación..