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La “debacle” de Ancap comenzó con el acuerdo con Venezuela

La “debacle” de Ancap comenzó con el acuerdo con Venezuela en 2005

Nº1855 - 18 al 25 de febrero de 2016

El senador colorado Pedro Bordaberry es un gran admirador del escritor argentino Jorge Luis Borges. Y por eso es común que lo cite en sus discursos. En el informe final sobre la Comisión investigadora de Ancap, Bordaberry parafraseó a Borges, quien buscaba la “causa remota” para explicar la “Historia Universal de la Infamia”. Según el legislador, ese “acto”, ese “efecto mariposa” que generó la “debacle” de Ancap, es el Acuerdo de Cooperación Energética firmado con el gobierno de Venezuela en 2005.

Ese acuerdo permitió que la petrolera estatal uruguaya accediera a un crédito “en condiciones muy favorables”. “Gracias a él no pagó el 25% del crudo que compró a Venezuela”, escribió Bordaberry en el informe, lo que le dio “acceso a muy importantes sumas de dinero”. Y como era un crédito que recibía de un proveedor, “no necesitaba autorización” del Ministerio de Economía o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para “contraerlo”. “Cual adolescente que cumple su mayoría de edad y le entregan una tarjeta de crédito, se encontró con que podía gastar mucho y pagar el mínimo del resumen mensual”, ejemplificó Bordaberry.

Los problemas que se generaron en Ancap, según el ex candidato presidencial colorado, no recibieron la atención necesaria del Ministerio de Economía. “Cuando lo hizo, en el año 2012 y 2013, ya era tarde”, escribió el senador en su informe final sobre el trabajo de la investigadora que analizó la gestión de la petrolera entre 2000 y 2015.

“Se destinaron los dineros fáciles a inversiones que, una y otra vez, invariablemente, costaban tres y cuatro veces más que lo inicialmente previsto”, explicó. Bordaberry añadió al respecto, que se estimó que las plantas de cemento costarían U$S 120 millones, pero el gasto final fue U$S 480 millones. La planta de cal costaría U$S 90 millones, pero su precio final fue de U$S 147 millones.

En su extenso informe, respaldado por la bancada del Partido Colorado, Bordaberry concluyó que “existieron irregularidades e ilicitudes en la gestión de Ancap en el período 2008-2015”.

Además de esas posibles actuaciones irregulares, para Bordaberry, Ancap necesita “un cambio drástico” que implica la sustitución del actual directorio y “desprenderse, cerrar, enajenar o reconvertir las actividades que dan pérdidas”. En ese grupo pone empresas como Caba (alcoholes), Cementos del Plata, y la División de Cemento y Cal.

Planteó en el informe que no se realicen gastos en publicidad en aquellas actividades donde Ancap o sus subsidiarias no se encuentran en régimen de competencia. Asimismo propuso que el ente petrolero debe requerir la autorización del Poder Ejecutivo en todo préstamo, renovación o cualquier otra forma de endeudamiento a un monto superior a los U$S 2 millones.

Denuncias.

Bordaberry enumeró una serie de “irregularidades e ilegalidades” que surgen, en su opinión, del trabajo en la investigadora. En primer lugar indicó que las autoridades de Ancap no cumplieron con la norma vigente en cuanto a presentar en plazo los estados contables ante el Tribunal de Cuentas. Esta “ilegalidad”, dijo, se “ha repetido en nueve de los últimos once años”.

En cuanto a la situación financiera de Ancap y sus subsidiarias, Bordaberry dijo que se cometieron “errores estratégicos, organizacionales, de visión y de ejecución”. En estos casos existe “responsabilidad política” del directorio actual y de los dos anteriores y en algunos casos las “culpas son compartidas” por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria. Bordaberry escribió que el endeudamiento de Ancap pasó de U$S 331 millones en 2004 a U$S 2.170 millones, en 2014, mientras que el patrimonio neto (valor de una empresa una vez descontadas las deudas) pasó de U$S 1.142 millones en 2012 a U$S 424 millones en 2014.

Uno de los temas que Bordaberry planteó enviar a la Justicia tiene que ver con la contratación de la empresa Pleno Verde SA por parte de Cementos del Plata, “en forma directa y sin proceso competitivo”, por un “precio muy superior al de mercado”, para la venta y suministro de cal a Brasil. En este caso se actuó con “engaño”, ya que se trató de “hacer creer que no existían otras empresas transportistas que pudieran prestar el servicio”, lo que generó “un perjuicio a la Administración” debido a que se pagaron “sobreprecios”. Bordaberry propuso en su informe que la Justicia también analice si no hay una irregularidad debido a que Cementos del Plata modificó su objeto social para empezar a producir cal.

Otro punto que debe ser revisado por la Justicia, dijo, es el gasto en publicidad. Según el legislador colorado, hay un “cúmulo de indicios que llevan a la conclusión de estar ante conductas presuntamente ilícitas, en el marco de los delitos contra la Administración Pública, tales como: abuso innominado de funciones, fraude, conjunción del interés personal y del público”.

Cuestiona el accionar de la agencia La 10 que tenía la adjudicación directa de la publicidad. Esta agencia cobraba porcentajes a los medios por vehiculizar la publicidad, “cuando ya le cobraba a Ancap un porcentaje por ello”. A esto se suma la subcontratación de una empresa para la fiesta de inauguración de la Planta Desulfurizadora que costó unos U$S 600.000 y que el dueño de La 10 realizara afirmaciones “luego desmentidas con documentación”.

Bordaberry propuso que se investigue en la Justicia al otorgamiento de publicidad a la radio Quebracho de Paysandú, cuando aún “no emitía o lo hacía con equipos caseros”, estaba “clausurada” y el dueño fue candidato a alcalde por el Frente Amplio. Esto puede configurar un delito “conjunción entre el interés personal y público o hasta un abuso en el accionar”, afirmó.

Por último planteó que también pase a la Justicia la intervención de la empresa Exor en la operación de cancelación de una deuda (por U$S 727 millones) de Ancap con Petróleos de Venezuela (PDVSA). La selección de Exor a través de un precontrato o tratativas precontractuales “fue realizado de forma irregular” en la medida que no se llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente. Además dijo que se debe analizar la conducta del representante de Exor, que era el diputado suplente del Frente Amplio Alejandro Steineck.

En otra parte del informe, Bordaberry recomendó a Ancap que inicie investigaciones por lo que sucedió en el negocio con la Armada Nacional por la construcción de un remolcador y dos barcazas, ya que no hubo un proceso competitivo de contratación.

Además dijo que el Senado debe declarar “ilegal” la negociación retroactiva del monto que Ancap paga a Alur por “diversos agrocombustibles” y señaló como “irregular” el “aumento de publicidad en años electorales (y) el ingreso de 100 personas a Alur” también en tiempo de elecciones nacionales.

Finalmente, en su informe, Bordaberry reclamó que se consideren cuatro proyectos de ley que presentó para enfrentar la corrupción: el que penaliza el enriquecimiento patrimonial no justificado acontecido luego de asumir un cargo o empleo público; el que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; el que prohíbe la realización de publicidad por parte de las empresas públicas y el que incorpora al derecho positivo las figuras de “arrepentido”, “informante” y “agente encubierto”, porque las considera “esenciales para la lucha contra la delincuencia, el combate y la prevención del delito”.

4 comentarios - La “debacle” de Ancap comenzó con el acuerdo con Venezuela

Zorronde
Siempre, termina en lo mismo.

TODOS, los políticos se " cubren " entre ellos.

La verdad que , todo esto....

ASOMBRA