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Cuando la victima es el medio ambiente

Cuando la victima es el medio ambiente

El calvario que por años vivió el chimpancé Toto llegó a su fín cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente llegaron hasta un circo ubicado en Pichilemu, con una orden dictada por el 3er Juzgado de Letras de Puente Alto para su incautación y posterior devolución a su hábitat natural.

Los diversos golpes que debió soportar el animal imitando ser un "boxeador", más el consumo de cigarrillos y alcohol dejaron marcas en el chimpancé, que hoy disfruta junto a sus pares de la extensa sabana que ofrece la Reserva de Vida Salvaje de Chinfunchi, en Zambia, gracias a gestiones realizadas por la ONG inglesa Animals Defenders."

¿Quién logró devolver a Toto a su Africa natal? ¿existe en nuestro país algún departamento u organismo especializado en investigar el delito medio ambiental? Afortunadamente y por el bien de todos y de las futuras generaciones, la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente, que ha solucionado éste y otros importantes casos.

¿Recuerda el famoso "chupacabras"? ese extraño ser sacado de la mitología que sembró el pánico en nuestro país y que tuvo en vilo a tantos chilenos que creyeron verlo en la oscuridad. Felizmente, para los que creyeron toparse con el supuesto engendro, éste nunca existió y sólo se trató de ataques aislados de animales exóticos de contrabando, según consta en el informe entregado al tribunal por los detectives de esta brigada especializada.

Investigaciones sobre la contaminación con ácido sulfúrico de un terreno aledaño al vertedero de Lepanto; el derrame de 350 mil litros de petróleo de un barco panameño en la Undécima Región o el caso de la empresa Promel, que dejó en el año 1982 en recintos aduaneros del norte del país, residuos con plomo, que posteriormente intoxicaron a cientos de personas que levantaron una población en el sector, son casos investigados con exitosos resultados.

Para el jefe de la brigada, el subcomisario e ingeniero agrónomo y evaluador de impacto ambiental Víctor Espinoza, uno de los principales obstáculos para desarrollar en forma óptima las investigaciones en esta materia es la falta de una legislación moderna. "Tenemos que trabajar con delitos conexos. Si sabemos de la existencia de una banda que opera en el norte del país comercializando flamencos y portan armas, debemos detenerlos por infracción a la Ley de Armas", explica.

Para ahondar más en el tema, el oficial manifiesta que Chile no tiene una Ley del Medio Ambiente, "la 19.300 es una normativa, la ley aún se discute en el Congreso", señala. La vulnerabilidad de nuestro ordenamiento jurídico y principalmente de nuestro ecosistema quedó en evidencia el año 2001 cuando el buque de bandera panameña, José Fuchs, chocó con unas rocas en el canal de Moraleda (XI Región) y siguió navegando por espacio de una semana derramando 350 mil litros de petróleo a lo largo de 100 kilómetros.

Por tratarse de una extensión muy grande, la Armada sólo pudo realizar faenas de limpieza en unos 20 kilómetros. El accidente fue en verano y las altas temperaturas hicieron el petróleo más viscoso llegando a las islas cercanas y al continente. Fue ahí cuando se comenzó a dimensionar la tragedia, tanto para los cultivos de salmones -quienes sufrieron pérdidas millonarias- como para la gente que vivía de la pesca.

Sin contar la destrucción de la flora del lugar, como el canelo y la nalca. "El pasivo ambiental (lo que la naturaleza se demora en asimilar el daño) se calcula en 20 años", señala el subcomisario Espinoza, quien estuvo a cargo de investigar el caso. "Fue impresionante caminar por una isla que no figura en los mapas, y que sólo aparece en las cartas de navegación de la Armada. La isla Tambak, era una postal del Caribe, sin embargo, uno caminaba por sus arenas amarillas y quedaba enterrado en el petróleo", recuerda apesadumbrado.

Una irrisoria multa en dinero fue la que recibió la naviera, sin duda, no guarda relación alguna con el daño ecológico causado. Actualmente se debe buscar en leyes especiales, como la Ley de Pesca o de Navegación, la sanción para los responsables. Lo anterior, está estipulado en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, en su Título III, que habla sobre la responsabilidad por daño ambiental, donde se establece claramente que la primera prioridad la tienen estos cuerpos legales en detrimento de la Ley de Bases.

Pese a estas trabas legales, la brigada prosigue trabajando en distintos frentes realizando investigaciones solicitadas por los tribunales, además de estudios criminológicos sobre conductas ilícitas medioambientales; asistencia científica a unidades operativas y capacitación a funcionarios de las mismas. Esta labor es posible gracias al grupo humano que integra la unidad entre los que destacan ingenieros agrónomos, en pesca y una mujer especialista en saneamiento ambiental.

También se han formado equipos de trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo con el que realizan controles en pasos fronterizos de acuerdo a convenio que regula el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y Transporte Fronterizo y Disposición Final de Sustancias Peligrosas (Convenio de Basilea).

"Somos importadores netos de fauna", advierte Agustín Iriarte, jefe del subdepartamento de Vida Silvestre del SAG. Según Iriarte el norte de nuestro país es la principal puerta de entrada para monos, armadillos, tortugas y algunos reptiles. "Antes los traficantes viajaban en bus a Santiago, ahora lo hacen en forma aérea entre Calama y la capital para burlar cualquier tipo de control", revela.

En este sentido, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente señala que la realidad del tráfico de animales exóticos es una situación preocupante por las repercusiones que puede tener para nuestra ganadería una enfermedad como la fiebre aftosa en el caso del pudú. Este último animal, denominado "el ciervo chileno", es de pezuña partida; y por ende, puede ser portador del virus.

Actualmente el pudú es víctima de contrabando, por lo que es llevado a Europa como mascota. Por ser un animal salvaje puede cruzar la cordillera y regresar fácilmente al país. Al consumir agua de un río donde pasó ganado con fiebre aftosa puede contaminarse. "De 100 animales, en menos de una semana el 50% de ellos ya está contagiado y no te sirven para nada. Sólo te queda sacrificarlos", explica el subcomisario Espinoza, especialista en ganado mayor.

Conscientes del incremento del tráfico de especies exóticas en el mundo, se celebró en nuestro país el Congreso Mundial de Cites en el que se lograron importantes acuerdos en cuanto a la explotación de elefantes, ballenas y tiburones. Respecto a Chile se estableció que la vicuña y el ñandú se pueden utilizar comercialmente. "En un 300% aumentará el área comercializable de la vicuña", vaticina Iriarte.

El tratado Cites regula el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, en nuestro país entró en vigencia el año 75. En virtud a este tratado la brigada realizó en el año 2000, una investigación en la que decomisaron, junto a personal del SAG, diversas piezas de marfil. En esa ocasión se trabajó coordinadamente con la Fuerza de Trabajo del Acuerdo de Lusaka (sede Nairobi).

La diligencia que duró seis meses, partió en Antofagasta y contó con la participación de la Brigada Aeropolicial de Investigaciones para rastrear los presuntos asentamientos de contrabandistas en el desierto. "En esa ciudad encontramos las primeras piezas que pertenecían a un coleccionista", recuerda el jefe de la brigada, mientras nos muestra fotografías de las piezas de marfil que lograron recuperar.

Y prosigue. "Eran piezas pequeñas las que tenían tallados distintos animales. Por un colmillo de elefante, un coleccionista puede pagar hasta 6 millones de pesos. Es un negocio muy lucrativo", recalca. Contrario a la creencia, el subcomisario hace la diferencia en que no es patrimonio exclusivo del elefante el marfil, ya que el lobo marino también posee este elemento en sus colmillos.

En esta diligencia queda de manifiesto la precariedad de nuestra legislación medioambiental: "Nosotros no podemos incautar, salvo que lo ordene el juez. En este caso debió actuar el SAG en la incautación de las piezas, gracias a la buena coordinación que mantenemos con ellos", apunta.

De similar opinión es el jefe de Vida Silvestre de este organismo. "Periódicamente nos reunimos con personal de la brigada a través del comité asesor en Fauna Silvestre y nos ha ayudado mucho", destaca. Lamentablemente los ilícitos que se cometen contra el medio ambiente, no sólo se limitan al tráfico de especies exóticas o contrabando de marfil.

Según los antecedentes de la brigada, los principales problemas que afectan a nuestro país en esta materia son: contaminación atmosférica, desorden territorial, contaminación de las aguas, erosión de los suelos, alteración de la flora y fauna y manejo inadecuado de los residuos sólidos y sustancias químicas peligrosas. Temas sobre los cuales Chile ha suscrito convenios y tratados internacionales vigentes como la Agenda 21; los convenios sobre Diversidad Biológica, de Basilea y el Cites.

Al respecto, la Corporación Nacional del Medio Ambiente (Conama) ha planteado "promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental".

Por lo mismo, se hace urgente tipificar definitivamente el delito medio ambiental, junto con regularizar y estandarizar diferentes parámetros de regulación.

Fuente:
http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=749


NO AL MALTRATO ANIMAL!

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