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CUS te sacaron la atencion medica gratuita

Cobertura Universal de Salud: hacia la mercantilización del sistema sanitario

CUS te sacaron la atencion medica gratuita



Hoy se puso en marcha en la provincia de Mendoza una prueba piloto de la CUS (Cobertura Universal de Salud). La medida alcanzará a 120.000 personas. Podría significar el primer paso hacia la mercantilización del modelo de Salud pública.


Lo que se anuncia como un “moderno” y “ambicioso” sistema de cobertura universal en medios oficialistas como Clarín e Infobae esconde que el millonario reintegro del “fondo de las obras sociales” hacia la CGT es en perjuicio de los usuarios del sistema de salud pública y a favor de las patronales de la medicina privada.

Hace 14 meses y en medio de una “lluvia” de DNU, el presidente Mauricio Macri publicaba en el Boletín Oficial el Decreto 908/2016. Estableciendo un régimen excepcional de distribución de recursos para la salud.

En términos generales, el CUS es un seguro que tendrá aquel que no pueda afrontar gastos en salud ni tenga una obra social.

Para promocionar este modelo el mismo Macri señaló que “se incorporan 15 millones de personas que no pueden acceder al sistema solidario de obras sociales, ni al privado”. Lo señaló obviando que esas personas ya tienen a su disposición los hospitales públicos, por lo que la cobertura en salud ya es universal.

En lugar de aumentar el financiamiento de la Salud para abastecer a los hospitales públicos con personal, tecnología, insumos y medicamentos, lo que se hace es transferir una suma importante de dinero al sistema privado, precarizando al máximo la atención sanitaria.

Con acuerdo de la CGT se crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), organismo encargado de dirigir los fondos de la CUS.

Acuerdo que beneficia a la Confederación General del Trabajo con un reintegro directo de $ 30.000 millones que eran destinados hasta el momento al Fondo de Redistribución Solidaria.

Según informó el diario La Nación hace pocos días “de los casi 30.000 millones, 2.704 ya se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas; $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020, cuyos intereses se pagarían de manera trimestral; $ 4.500 están aún congelados y serían para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8.000 serán destinados para la cobertura universal de salud”.

Si dividimos esa suma por la cantidad de ciudadanos que el Gobierno afirma que van a ser beneficiados el resultado daría unos $ 35 por paciente, por mes. Una suma ridícula considerando el valor de una canasta básica de cualquier obra social o prepaga.

El desvío de esos fondos que se le extraen al trabajador ya están bien ubicados: “activar mecanismos para hacer circular los millones de pesos que se atesoran en el FSR y auxiliar a las prestadoras médicas sindicales”. Fue el acuerdo del Ejecutivo con la burocracia veedora de la CGT.

Se alerta desde diversos sectores que esta implementación limitará las prestaciones en centros estatales y reducirá los servicios del Programa Médico Obligatorio, que, de cualquier manera, desde el Plan Federal de Salud instaurado por el ministro de Salud de Néstor Kirchner, Ginés González García, ha cambiado la forma de pensar la Salud pública hacia una forma mercantilizada con la idea de “prestación”. Eso implicó no destinar fondos importantes y significativos para el desarrollo de políticas en Atención Primaria de la Salud y de participación comunitaria.

Con esta cobertura, ya no cualquiera podrá tener acceso a un hospital, sino que debe estar registrado para poder hacerlo. Esto implica que aquel que necesite atención sanitaria tendrá un límite de “acceso”, lo cual es radicalmente opuesto a lo que se considera “universalidad” en términos de sistemas sanitarios. Y podrá utilizar solo la "canasta básica" que el Estado brinde.

En el caso de que las necesidades médicas están por fuera de lo que el decreto dice que es responsabilidad del Estado, se deberá recurrir al sector privado. Cabe aclarar que no hay especificidad sobre qué brindara y qué no y cuál es esa “canasta básica de prestaciones”, pero sí implica restricciones, ya que la financiación por paciente es bajísima y con el término “básica” podemos suponer que aquello que débilmente el Estado ofrece como alta complejidad iría desapareciendo paulatinamente.

Una de las voces disidentes que se pronunciaron en contra de este decreto es Daniel Gollan, ex ministro de Salud quien señaló que "esto se ha instrumentado en varios países y lo que genera es que toda la población pasa a tener un límite en la cantidad de prestaciones que va a recibir dentro del hospital". Agregó además que esto quiere decir que “va a haber cosas que hoy no pagamos, que están cubiertas por el Programa Médico Obligatorio o que el hospital público no le pone un tope, se comenzarán a pagar".

También se expresó Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) argumentando que “estos son los primeros pasos para montar un sistema de identificación de pacientes, un verdadero carnet electrónico de pobreza”. Señaló además que “con la llamada CUS, el Gobierno pretende seguir reduciendo el presupuesto y sustituir el sistema universal financiado por el Estado, reemplazándolo por un seguro para pobres y propiciando el arancelamiento y la tercerización de servicios". Desde la CTA piensan impulsar jornadas de debate y una movilización para el mes de noviembre en contra de la CUS.

El caso colombiano
En Colombia existe un sistema de Salud muy parecido al cual se intentara implementar en nuestro país.

El sistema de salud colombiano nace con la Ley 100 que se concibió como la solución a la problemática que existía en el país de acceso a los servicios de salud.

Con la Constitución de 1991 empieza a darse una transformación a los recursos de los subsidios y se establecen unos agentes nuevos conocidos como EPS (Empresa Promotora de Salud). Cuya función es articular la gran cantidad de recursos que existen en el sistema con las necesidades que tiene cada afiliado. Muy parecido a cómo funcionaría el CUS en Argentina.

En los últimos años, el sistema ha caído en una crisis evidenciada en las múltiples quejas de los usuarios por la precaria atención, siendo hoy un gran problema el acceso de la población a medicamentos. Además el 60% de los costos de los tratamientos se hace a través de una medida judicial habiendo pasado de unos $ 200 mil millones en el año 2002 a $ 2,5 billones, en el año 2009.

Según Jaime González Montaño, gerente general de Coosalud, EPS del régimen subsidiado; y Carlos Francisco Fernández, ex presidente de la Asociación colombiana de Sociedades científicas, fueron diversas las causas que han llevado al sistema de salud a atravesar por esta crisis.

“El gran problema de la Ley 100 fue que se basó en unos supuestos económicos que no se cumplieron”, señalan.

Estos “supuestos económicos” -que preveía el Banco Mundial harían (profundizando las políticas neoliberales) crecer a la economía anualmente en un 4 %- nunca ocurrieron. Por lo que se dio un desfinanciamiento del régimen subsidiado y destinado para los EPS.

Cabe señalar que detrás de la implementación del CUS en Argentina, la continuidad o no de ítems de salud que seguirán siendo de acceso gratuito será dictaminado dentro de un criterio contable que establece justamente el Banco Mundial.

Este plan, al mismo tiempo, implica una eventual precarización de las condiciones sanitarias que brindan las obras sociales. En el artículo antes citado de La Nación se leen las declaraciones de un dirigente sindical que se queja porque los “obligan a pagar cualquier medicamento”. Toda una confirmación de que, en esta área, a la dirigencia burocrática tampoco le importa la salud de los trabajadores y sus familias.

Argentina

“Pagarán por servicios que eran gratuitos”


El ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, médico sanitarista, criticó la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno nacional y que se pondrá en marcha hoy, cuando el ministro Jorge Lemus haga entrega de las primeras 120 mil credenciales de la CUS en la provincia de Mendoza. “La gente va a tener que pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”, denuncia.

En diálogo con PáginaI12, Gollán hizo hincapié en que el objetivo del Gobierno es que se duplique el gasto de bolsillo en salud para financiar un sistema que, asegura, es promovido por la Organización Mundial de la Salud “de la mano de los grandes laboratorios”. Y advierte que se está adoptando un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”.

–¿Cuál es el principal cambio que impulsa el Ejecutivo con la CUS?

–Está basado en un decreto del año pasado. Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la cobertura es total. Es gracioso porque se piensa que éste es un sistema para 15 millones de personas que no tienen obra social o prepaga. No es así. La mitad de los partos se hace en hospitales públicos, con gente que tiene obra social: de 450 mil partos por año, 320 mil son de personas con obra social y prepaga. Y en accidentología, el 100 por ciento de los casos se atienden en hospitales públicos, en la etapa aguda, por lo menos. El debate es si el acceso es equitativo o no.

–¿Entonces cuál es el cambio que propone el Gobierno?

–La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. No está definido, pero ya de por sí se pone un límite. Con el sistema actual no hay límite. Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis... todo lo que hasta hoy en día es gratuito, se empezará a pagar. El Gobierno dice que lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones, se cubrirá luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios. Otro punto importante es que limitan la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. Ese proceso ya empezó, ya están pagándose coseguros y copagos de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y demás. Ahora están negociando con las prepagas otro aumento de los coseguros. El PMO se va a ver disminuido, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que lo determinará.

argentino



–¿Este plan se aplicó en algún otro país?

–En Colombia adoptaron este sistema en 1993. Destruyeron el sistema público y es el país donde más gente se muere por no poder acceder a la atención médica. Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores. Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada vez más afuera.

–¿Cuál es la situación ahora, cuando todavía no fue aplicada la CUS?

–El plan ya está en marcha. Lo primero que hicieron fue desarmar todos los programas de prevención, se los traspasaron a las provincias con el discurso de que quien “puede lo hace, el que no, no”. Lo que está sucediendo es que tenemos derechos a la salud diferentes en cada provincia. El que no tiene capacidad de pago, va a tener una salud cada vez peor. Si podés pagar, una mejor.

–¿Cuál es el objetivo, entonces?

–Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Es decir, dejan de ser esencialmente hospitales públicos. Otro punto importante es que van a usar los 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, que no tiene potestad para aportar dinero de los trabajadores. Los trabajadores van a perder: van a tener peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta ahora no pagaban. La CGT pactó que les bajen los costos de las obras sociales con la AGNET, que les va a transferir los costos al bolsillo de los trabajadores. Es lo que hoy se está discutiendo. Se está instalando una falacia. Además, si dividís ese monto por 15 millones de beneficiarios, son 44 pesos por mes por persona. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se va a financiar este sistema? Es una falta de planificación absoluta, no se sabe cuáles son los recursos que aportará el Estado. Es muy probable que nazca desfinanciado y muera prontamente. Es un agujero muy grande: nadie dice cómo se financiará. Así no se puede planificar la salud de un país. No vaya a ser cosa que le tiren esto por la cabeza a las provincias, que no pueden afrontar ese gasto. Yo creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional. Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde.

–¿Cuál será el efecto a largo plazo en el sistema público?

–Esto ya lo vivimos y lo quieren instrumentar a sangre y fuego en todo el país. Van a instalar criterios de productividad con incentivos mentirosos sobre supuestas mejoras para los profesionales. Pero lo que están haciendo es enfocar el sistema en la atención y no de prevención de salud, que es donde hay que enfocarse. Esta reforma viene propiciada por la OMS de la mano de los grandes laboratorios. En la Organización Panamericana de la Salud se armó un gran debate y se le agregó la palabra “acceso”, porque uno puede tener una cobertura, pero puede no alcanzar para nada. Hay países que dicen que tienen a toda la población con una cobertura mínima, pero eso significa que tenés que pagar por el acceso a la salud real.

–Hasta 2015 también había distintas coberturas, dependiendo de si se contaba o no con una prepaga o una obra social.

–Todo el sistema estaba en tensión. Eso se produce cuando lo maneja el mercado. Pusimos en discusión la necesidad de marchar hacia un sistema nacional integrado bajo la tutela del Estado. Los sanitaristas tienen claro que cuanto más Estado haya, es más barato, más equitativo. El ejemplo es el Reino Unido, donde están los mejores indicadores. El contraejemplo, es Estados Unidos, donde lo maneja el mercado y tiene los peores indicadores. Hay que hacer un cambio cultural, vemos todo vinculado a la enfermedad, al medicamento, la tecnología. Es casi una deformación profesional que incluye las carreras, los posgrados. Todo está enfocado ahí. Éramos conscientes de que había que hacer un cambio muy grande. En los países que les va bien en materia de salud, el 60 por ciento de los recursos están puestos en la prevención, en el primer nivel. Nosotros tenemos hoy el 95 por ciento en la atención de la enfermedad.

Cus

5 comentarios - CUS te sacaron la atencion medica gratuita

mx0023 +1
Que cagada lo único bueno es que con eso los bolivianos,peruanos y paraguayos se van a dejar de hinchar las pelotas con eso de atenderse gratis a costillas de los impuestos de los argentinos
ironet +1
Pero nosotros tendriamos que pagar igual, deberian de cobrar a los de nacionalidades fuera del mercosur
mx0023 +1
@ironet te di negativo sin querer celular del orto,si tenes razón
TiradorPiso32 -2
La verdad en algún momento tenia que terminar
Argentina en vez de crecer va para atrás, ya no podemos mantener cosas gratuitas y menos teniendo en cuenta que los sanguijuelas vecinos nos usan todo

Si ni los países mas fuertes del mundo pueden costearse tal gasto de verdad creian que esto era para siempre?
que sigue
ironet
>Paises mas fuertes
>Solo EEUU,Rusia Y China
TiradorPiso32
@ironet son cientos de paises y de los pocos que tienen ayuda medica gratis la mayoria se los puede costear

mira africa, mira latinoamerica, mira oriente, los paises pobres no pueden
recalculando22
" Cobertura Universal de Salud: hacia la mercantilización del sistema sanitario "

seguro medico
SNIPER67
como te sangran las nalgas loco jajajajjaja
blitzkrieg82
Nos sangran...