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A cuatro días de las elecciones, el Gobierno enfrenta una crisis re-abierta y de consecuencias impredecibles.



“Si algo dejó la experiencia de Atocha en España, lo peor que puede hacer un gobierno en estas circunstancias es ocultar la verdad o no decir la verdad”, sentenció Rosendo Fraga en el diario La Nación horas después del hallazgo del cuerpo encontrado en el río Chubut y que, según muchos indicios, pertenecería a Santiago Maldonado.

La serie de atentados del 11 de marzo (11M) de 2004 en Atocha tuvo consecuencias inmediatas para la política interna del Estado Español. José María Aznar, entonces presidente y miembro del Partido Popular (PP) responsabilizó apresurada e intencionalmente a la organización independentista vasca ETA y solicitó a los Estados Unidos apoyo en esta hipótesis, según develaron cables difundidos por Wikileaks. Abonó fervientemente esa hipótesis cuando todas las evidencias criminalísticas guiaron a la justicia a responsabilizar a Al Qaeda. La mala gestión de la mentira precipitó la derrota del Partido Popular de Aznar en las elecciones del 14 de marzo del mismo año. Más de un millón de inesperados electores salieron del abstencionismo para castigar al PP.

Nadie puede prever en estas horas las consecuencias políticas en general y electorales en particular, de la crisis en curso por el aberrante caso de Santiago Maldonado. Pero la comparación y el alerta planteados por un intelectual orgánico de la derecha argentina, habla de la magnitud de la crisis abierta.

Medido con su propia vara, el Gobierno venía administrando “exitosamente” las falsedades en torno a la desaparición de Santiago, cambiando la táctica de esparcir versiones mendaces por un tibio acompañamiento a las anestesiadas acciones del nuevo juez Gustavo Lleral.

Embriagada de exitismo, Elisa Carrió, la candidata estrella de Cambiemos, había derrapado con una afirmación infame durante el debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires: tiró al voleo una versión (Santiago podía estar en Chile) y para embarrarla del todo, le puso un porcentaje. Por estas horas, luego del rastrillaje en el que se encontró el cuerpo, Carrió está siendo literalmente destrozada en la conversación pública no sólo de las redes sociales, sino también de los medios y no únicamente opositores: Nelson Castro y Antonio Laje, por ejemplo, la cuestionaron con dureza. Si esto tendrá consecuencias electorales más allá de los que llaman el “círculo rojo”, dependerá de la dinámica política y los próximos acontecimientos. Por ahora, desde el macrismo convocaron a Carrió amablemente a guardarse.

Todavía deben realizarse los peritajes correspondientes, pero el contexto, las circunstancias y varios testigos indican que el cuerpo fue “plantado”.

Quienes defienden al Gobierno, se recluyen en el endeble argumento de que el “hallazgo” (si se confirma) perjudica al Gobierno y no tiene responsabilidad, porque a quien menos “convenía” esta aparición y en estas circunstancias es justamente al oficialismo.

Sin embargo, el hallazgo derrumbaría todas las versiones sostenidas con ahínco por los funcionarios gubernamentales en general y por Patricia Bullrich -como máxima responsable- en particular desde hace casi tres meses. Por otra parte, la realidad es que una estructura logística, informativa y de inteligencia para ocultar un cuerpo durante casi 80 días sólo puede poseerla el aparato del Estado y fuerzas de seguridad con la complicidad del poder territorial que en el sur tienen los terratenientes y sus sicarios. La versión que quiere volver a responsabilizar a las víctimas (la comunidad mapuche) se cae por su propio peso. Más aún, si supuestamente se lo estaba buscando con todas las fuerzas y herramientas del Estado. No es descartable la hipótesis de una interna en las fuerzas de seguridad y un intento de los responsables de “salvarse” y aportar a la confusión cuando el círculo se cerraba sobre la Gendarmería.

Si así fueran los hechos, la responsabilidad del Gobierno es igual o mayor. Porque con su narrativa estatal de fuerte corte represivo desató la correa de gendarmes, policías y servicios. Además, junto al Poder Judicial, fueron cómplices del encubrimiento de los principales responsables como Pablo Noceti que nunca fue llamado a declarar. Y con esta complicidad dieron rienda suelta e impunidad a unas fuerzas de seguridad con altos niveles de descomposición y desde hace tiempo demasiado acostumbrados a este modus operandi.

El triunfalismo exagerado que venía mostrando el Gobierno (y que llegó al climax en el Coloquio patronal de Idea) recuerda el proverbio que afirma: es más fácil recuperarse de un fracaso que salir indemne de un éxito. Las próximas horas y días dirán si el aforismo se aplica crudamente a Cambiemos. Entre otras cosas, porque quedó en evidencia la débil arquitectura de su mentira.

Lo que sí puede afirmarse con toda certeza es que esta nueva crisis vuelve dejar al desnudo ante los ojos de la población, la podredumbre que anida en el seno del Estado “democrático”.


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